Asaja Córdoba pide al Gobierno que active las ayudas al olivar y viñedo que están fijadas por ley

Asaja Córdoba exige al Ministerio de Agricultura que active las ayudas extraordinarias al olivar y al viñedo contempladas en la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que contemplaba 370 millones de euros y que ahora niega.

Y es que la organización agraria ha conocido la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria formulada por el grupo Vox, en la que el Ejecutivo justifica la no puesta en marcha de estas ayudas.

En su respuesta, el Ejecutivo vuelve a alegar la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado como motivo para no activar las ayudas. Sin embargo, en la disposición adicional correspondiente se recogía expresamente que:

«El Gobierno establecerá en un plazo máximo de dos meses una ayuda excepcional a las explotaciones agrarias en los sectores de olivar y viñedo, en compensación por la disminución de ingresos percibidos por los productores como consecuencia del incremento de costes productivos provocados por el aumento del precio de los insumos, derivado de la situación creada por la invasión de Ucrania, situación que se ha visto agravada por la disminución de la cosecha por el impacto de la sequía.»

Ahora, en su contestación parlamentaria, el Gobierno sostiene que los productores de olivar y viñedo ya cuentan con un «importante apoyo a la renta» a través de las ayudas directas de la Política Agraria Común, tanto por pagos desacoplados como por ayudas asociadas, en el caso del olivar con dificultades específicas y alto valor, además de la Intervención Sectorial Vitivinícola en el caso del viñedo.

Asaja Córdoba afirma el Gobierno incurre en un claro «donde dije digo, ahora digo Diego», al contradecir los argumentos que sirvieron de base para aprobar la Disposición Adicional cuarta de dicha norma, que establecía un fondo de 370 millones de euros —285 millones destinados al olivar de secano y 85 millones al viñedo de secano— y que, a día de hoy, no se ha ejecutado.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha criticado que hayan cambiado el argumento sustancialmente preguntándose si es que «acaso no padecieron los olivareros y viticultores la subida de costes y la sequía como otros sectores que sí recibieron ayudas extraordinarias». Se cuestiona igualmente si «considera ahora el Gobierno que las ayudas ordinarias eran suficientes, cuando anteriormente reconoció la necesidad de una ayuda excepcional».

«No existe justificación»

Adell recuerda que «el olivar y la viña son dos cultivos estratégicos que sostienen a miles de familias, generan empleo y riqueza y vertebran amplias zonas rurales, especialmente en provincias como Córdoba»; y «esta decisión injusta agrava la situación de miles de explotaciones profesionales». Asaja recuerda que otros sectores —arroz, frutales, frutos secos, tomate de industria y herbáceos— sí han recibido ayudas extraordinarias por sequía o por el impacto de la guerra en Ucrania.

Por tanto, considera que «no existe justificación posible para que el olivar y el viñedo queden fuera de una ayuda que está recogida en una ley y que fue diseñada precisamente para amortiguar la caída de cosecha, el incremento de costes y la pérdida de margen derivadas de la sequía y del encarecimiento de los insumos tras la invasión rusa de Ucrania».

Los datos oficiales evidencian la dimensión del daño. España cuenta con 924.000 hectáreas de viñedo, el 13% de la superficie mundial, con una producción superior a 32 millones de hectolitros, más de 3.500 millones de euros en exportaciones y un tejido formado por 532.000 viticultores, en su mayoría pequeñas explotaciones. El viñedo de secano es especialmente vulnerable a la sequía y al aumento de costes.

En el caso del olivar, España suma 2,75 millones de hectáreas, de las cuales 2,55 millones son de almazara y 1,9 millones corresponden a secano, el segmento más afectado por la sequía. Más de 350.000 agricultores, 15.000 empleos industriales y 32 millones de jornales por campaña dependen de un cultivo estratégico cuya producción ha oscilado de forma acusada —de 855.600 toneladas en la campaña 2023/24 a 1.414.600 toneladas en 2024/25— y que queda igualmente desprotegido por la falta de ejecución de las ayudas.

Por todo ello, Asaja Córdoba exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «una solución inmediata y transparente», que incluya la activación urgente de los 370 millones previstos en la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, la dotación presupuestaria necesaria para su ejecución, claridad sobre beneficiarios y superficies, un calendario público de pagos y un trato igualitario respecto a otros sectores que sí han recibido ayudas extraordinarias.

«No se pueden dar excusas para incumplir una ley. El campo necesita certezas, no respuestas burocráticas; el olivar y el viñedo de secano son pilares de la economía rural y su abandono tendría consecuencias irreversibles», advierte la organización.