Menores en fuga, familias rotas y un sistema en ruinas
La reciente tragedia en nuestra ciudad, donde un joven perdió la vida en un botellón, ha expuesto con crudeza las fallas estructurales de nuestro sistema de justicia juvenil. No es solo un hecho lamentable, es el reflejo de un sistema que permite la impunidad de quienes, bajo el amparo de su minoría de edad, pueden infringir daño irreparable sin consecuencias equiparables a la gravedad de sus actos. Un sistema que, lejos de proteger a los ciudadanos, sigue poniendo parches sobre grietas cada vez más profundas.
El presunto agresor, menor de edad y fugado de un centro de menores, pone en evidencia la ineficacia de un modelo de internamiento que, lejos de garantizar la reinserción, se ha convertido en una estructura permeable que no cumple con su objetivo primordial: la contención y reeducación efectiva de menores infractores. ¿Cómo es posible que un individuo en teoría bajo custodia del Estado pueda escapar con facilidad y reincidir en la delincuencia sin que haya una revisión inmediata del sistema que lo permitió? Es un escándalo, pero también es una constante. Las fugas de estos centros no son casos aislados, sino el resultado de una falta de control endémica.
Desde el punto de vista jurídico, la Ley establece que los menores entre 14 y 18 años pueden ser responsables penalmente, pero el enfoque predominante es la reeducación, no la pena. Esto se traduce en medidas de internamiento que rara vez superan los seis años, seguidas de libertades vigiladas, lo que en la práctica resulta ser insuficiente en casos de extrema gravedad. ¿Es aceptable que una vida truncada se traduzca en un castigo que apenas supone una fracción de la pérdida sufrida por la familia de la víctima? ¿Hasta cuándo se seguirá justificando la laxitud del sistema con la excusa de la edad del infractor?
Es necesario preguntarse: ¿las medidas de reeducación han demostrado ser eficaces o estamos perpetuando un sistema que no disuade ni corrige? La realidad es que muchos de estos menores reinciden, evidenciando que el actual modelo de internamiento y reinserción no está funcionando. La fugacidad de las sanciones y la flexibilidad del sistema generan un efecto contrario: el desinterés por el cumplimiento de normas y la repetición de conductas delictivas. Y no se trata de un simple fallo en el control, sino de un problema estructural que convierte a estos centros en puertas giratorias para la delincuencia juvenil.
El Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos, y cuando un menor en custodia logra evadir la vigilancia y cometer un nuevo crimen, la responsabilidad no es solo del infractor, sino del sistema que lo permitió. No se trata de abogar por penas ejemplarizantes desproporcionadas, sino de ajustar las medidas a la gravedad real de los hechos y reforzar los mecanismos de contención y supervisión en estos centros. En otras palabras, la justicia no puede ser una simple formalidad que apenas roza a los infractores mientras deja desamparadas a las víctimas y sus familias.
Es urgente replantear los protocolos de seguridad y la efectividad de las medidas impuestas. ¿De qué sirve un centro de menores si sus internos pueden fugarse con facilidad? ¿De qué sirve un sistema de justicia que prioriza la reinserción sin garantizar primero la seguridad pública? Un sistema que permite que un menor fugado de un centro cometa un delito de esta magnitud no está cumpliendo su función. No hay excusa, no hay justificación posible. Las normas están fallando, y cuando fallan las normas, el precio lo paga la sociedad entera.
La sociedad merece respuestas concretas y reformas profundas. No basta con lamentos y promesas de revisión de protocolos. Es necesario actuar con contundencia para garantizar que este tipo de hechos no se repitan y que quienes deban responder por ellos lo hagan de manera proporcional a la gravedad de sus actos. Si seguimos justificando la ineficiencia del sistema con la idea de que «los menores pueden cambiar», estaremos perpetuando un modelo que no protege ni corrige. De lo contrario, seguiremos asistiendo a tragedias evitables mientras el sistema sigue fallando a quienes debería proteger. Porque no olvidemos: un sistema de justicia que no protege a las víctimas no es justicia, es solo una ilusión de justicia.
