Aún sin haber sido recuperados los cadáveres del siniestro ferroviario de Adamuz, el grupo de corifeos a sueldo del Gobierno —las voces del amo que pagan todos los contribuyentes— repetía con fruición y constancia que no se politizara la tragedia. Lo hacían sabiendo perfectamente lo que piden quienes, especialmente tras el 11-M, escribieron un manual de propaganda e intoxicación que la hemeroteca y la memoria colectiva recuerdan sin dificultad. También se puede rememorar una España mejor, en la que los trenes de alta velocidad eran puntuales y no producía inquietud subirse a ellos.
La crítica ciudadana, la de los contribuyentes cansados de encadenar un caso de corrupción tras otro, acrecentada ahora por el dolor de la tragedia, no solo es lícita, sino necesaria. Y lo mismo cabe decir de la lupa política que los partidos, en una democracia, pueden y deben poner sobre la gestión pública de los recursos del Estado, más aún cuando hay muertes encima de la mesa.
La lupa de la Junta de Andalucía se ha puesto en la actuación, con Juanma Moreno al frente y un grupo de consejeros —especialmente Antonio Sanz—, que han gestionado la catástrofe con eficacia, profesionalidad y, sobre todo, lealtad institucional. La que no tuvo Pedro Sánchez en Adamuz, por ejemplo, al no mirar siquiera al presidente andaluz mientras este intervenía en la rueda de prensa conjunta al día siguiente del siniestro, o el protagonismo fuera de lugar de María Jesús Montero tratando de situarse junto al Rey para aparecer en la foto en un momento de dolor para las familias y de luto para toda la sociedad.
Ni un reproche, ni una queja, ni un desaire ha salido de boca de ningún cargo de la Junta ante gestos como estos. Ni una palabra a traición sobre la gestión ferroviaria del país. Muy al contrario: han estado a pie de obra, sin dormir, apoyando a las familias, a los servicios de emergencia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ofreciendo información constante y dando la cara.
Curiosamente ocurre que todo esto sí tendrá consecuencias políticas. La tragedia ferroviaria ha permitido que el perfil humano de Moreno Bonilla crezca: un presidente que ha mostrado respeto, cercanía, consideración y empatía, y que no ha dudado en exteriorizar el dolor que el suceso también le ha provocado. Sin imposturas. Tal cual.
Esa actitud es extensible al consejero Sanz, pendiente de todo y de todos, y a José Antonio Nieto, a quien correspondió, por su responsabilidad al frente de Justicia, velar para que las autopsias fueran lo más completas y rápidas posible, evitando prolongar innecesariamente la agonía de los familiares.
Las consecuencias políticas de esta manera de actuar son más profundas de lo que pudiera parecer. Permiten recuperar parte de la confianza en los gestores públicos, muy deteriorada por quienes han convertido España en un país atrapado en un discurso único y en una cultura de la subvención como herramienta de control social. Un país con un gobierno y unos socios solo pendientes de mantenerse en el poder, incluso cuando esa obsesión acaba desplazando a un segundo plano la responsabilidad, la autocrítica y el respeto que merecen las víctimas.
Los corifeos no andan preocupados por la politización de las tragedias; es miedo a que existan políticos de verdad que, con errores o sin ellos, se arremanguen sin preguntar si quien sufre es rojo o azul. Eso es lo que se ha visto esta semana en Andalucía, una región liderada por un presidente que ha devuelto, con su actitud, el valor de que en lo bueno y en lo malo se camina juntos, y de que los gestores públicos deben rendir cuentas porque el pueblo fiscaliza… y también porque el pueblo, en semanas como esta, es quien más sufre.
