La economía no se decreta

La presunción de que podemos ordenar la sociedad entera mediante la razón humana es una de las mayores formas de soberbiaFriedrich Hayek

Hay algo profundamente revelador en el espectáculo económico de la España de las últimas semanas: hemos llegado al punto en el que discutir sobre un caso particular parece más importante que entender las leyes generales que gobiernan la economía. Los llamados «decretos Maricarmen» son el último episodio de una política que pretende resolver la escasez regulando sus consecuencias. Y ahí está, precisamente, el problema.

Porque la economía no funciona como un parlamento. No negocia, no vota y no se conmueve ante un decreto. Si la demanda de vivienda crece mientras la oferta permanece rígida, el precio sube. Si se dificulta construir, habrá menos viviendas. Si se penaliza al propietario, algunos dejarán de alquilar. Si se subvenciona una demanda que ya supera a la oferta, parte de esa subvención terminará incorporándose al precio. No es ideología. Es aritmética.

España lleva años empeñada en ignorarlo. Desde 2018, los precios han acumulado una subida cercana al 26%. Aquello que hace siete años costaba 100 euros cuesta hoy, de media, unos 126. Y aunque los salarios nominales hayan aumentado, eso no significa que el poder adquisitivo haya recuperado todo el terreno perdido. La inflación no desaparece porque deje de ocupar titulares.

Mientras tanto, celebramos «récords de empleo» y pluriempleo (cifra récord desde el año 2008). Pero también tenemos una población que ha crecido extraordinariamente. El número de ocupados puede aumentar al mismo tiempo que el bienestar por habitante permanece prácticamente estancado. Confundir ambas cosas es una de las formas más sofisticadas de contar una verdad estadística para transmitir una realidad económica distinta. Crear más puestos de trabajo no equivale necesariamente a hacer más rico al país si la producción y los ingresos por habitante no avanzan al mismo ritmo.

Algo parecido sucede con el PIB. España ha recibido una lluvia extraordinaria de fondos europeos y ha utilizado un volumen creciente de gasto público para sostener la actividad. Eso aumenta el PIB, Naturalmente que lo hace, pero gastar más no equivale necesariamente a producir más valor. Endeudarse para gastar no convierte automáticamente el gasto en riqueza, del mismo modo que aumentar la población no convierte por sí mismo un crecimiento agregado en prosperidad individual.

La pregunta incómoda es otra; ¿Cuánto estamos produciendo por persona y cuánto puede comprar esa persona con lo que produce? Ahí el relato empieza a resquebrajarse. Productividad mediocre, salarios reales con un comportamiento decepcionante durante décadas, vivienda cada vez más inaccesible, una fiscalidad elevada, un gasto público creciente y una economía que necesita incorporar cada vez más trabajadores para mantener unas tasas de crecimiento que, cuando se miran por habitante, resultan mucho menos espectaculares.

Pero seguimos buscando culpables. El propietario. El empresario. El casero. El supermercado. El banco. El especulador. El fondo de inversión. Todos menos la escasez. Y mientras tanto, el suelo no se transforma en vivienda porque entre una parcela y una llave existen años de planeamiento, licencias, burocracia, restricciones e incertidumbre. Hemos conseguido convertir la construcción de una casa en una carrera de obstáculos y después nos sorprendemos de que haya pocas casas.

Ésta es quizá la gran soberbia de nuestro tiempo: Creer que un político, por el mero hecho de legislar, puede conseguir que las cosas funcionen mejor que los millones de decisiones descentralizadas de consumidores, trabajadores, empresarios e inversores. Un Gobierno puede crear las condiciones para que una economía prospere. Puede garantizar competencia, construir infraestructuras y corregir ineficiencias. Pero no puede abolir la escasez, imprimir productividad mediante un decreto ni fabricar vivienda prohibiendo que suba su precio.

Quizá el verdadero delirio colectivo de estas semanas no sea un decreto concreto. Sea pensar que existe un decreto capaz de sustituir a la realidad. La economía lleva años enviándonos la misma factura: cuando se castiga la oferta, la oferta responde; cuando se distorsionan los precios, los precios terminan ajustándose; cuando se confunde crecimiento con prosperidad, la estadística puede celebrar mientras el ciudadano siente que cada vez llega a menos.

España no necesita que el Gobierno le explique a la economía cómo funcionar. Necesita que deje de impedirle funcionar. Porque la prosperidad no se decreta, la productividad no se legisla y la riqueza no aparece porque un Gobierno decida que debería existir. La economía no necesita políticos que crean saber más que el mercado. Necesita reglas que permitan a millones de personas tomar mejores decisiones libremente.