El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en el Pleno de agosto
El Pleno de la Diputación ratifica el protocolo con la Junta para dar agua de calidad a la zona Norte
El Pleno provincial ha dado luz verde, también por unanimidad, al convenio de colaboración con la Junta para financiar el PFEA
El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto y adelantada a este viernes, ha aprobado por unanimidad, con los votos a favor del gobierno del PP y de la oposición (PSOE, IU y Vox), ratificar el protocolo entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la institución provincial, para cooperar en mejorar la «garantía y calidad» del abastecimiento de agua a los municipios de la zona Norte de la provincia.
Este protocolo, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido firmado recientemente por la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, expone, tal y como impone la propia Constitución española, el «deber inexcusable» de los poderes públicos de «velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente».
Recurso escaso
En este sentido, «cobra especial relieve» el agua, «tanto por su carácter de recurso escaso que debe satisfacer muy distintas necesidades y que es preciso utilizar con principios de economía y eficacia», como por «su incidencia en un aspecto fundamental que determina la calidad de vida, como es el de la disponibilidad de agua potable para el abastecimiento humano».
Igualmente, el protocolo indica que los municipios de la zona Norte de Córdoba que motivan el mismo son los correspondientes a las comarcas de Los Pedroches y Valle del Guadiato, a las que la Diputación de Córdoba presta el servicio de abastecimiento a través de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba SA (Emproacsa).
Decreto
En este contexto, el Decreto-Ley 3/2023, de 25 de abril, recoge que el Gobierno andaluz impulsará un futuro convenio entre la Junta de Andalucía y las administraciones con competencia en materia de aguas (Administración General del Estado, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Confederación Hidrográfica del Guadiana y Diputación de Córdoba), con el objeto de acordar «la ejecución y financiación, con carácter urgente, de la adecuación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera, ubicada en el término municipal de Bélmez (Córdoba)».
Además, el sistema de abastecimiento de agua de la zona Norte «está funcionando actualmente captando agua del embalse de La Colada a través del sistema de bombeo de emergencia, ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que conduce el agua hasta la ETAP de Sierra Boyera».
Incidencias
En dicho sistema de bombeo «se están produciendo continuas incidencias electromecánicas que no permiten un funcionamiento normal y suficiente, de forma que los volúmenes de agua aportados» están «por debajo de lo necesario para garantizar adecuadamente las demandas diarias de la población, produciéndose reiterados cortes e incidencias».
Adicionalmente, señala el protocolo, «existe un problema de contaminación/potabilización del agua en esta zona de la provincia, vinculado a la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Sierra Boyera», motivo por el que «la población depende del suministro de camiones cisterna».
Cooperación
Por todo ello, la Junta de Andalucía y la Diputación, «conscientes de la necesidad de colaborar con los municipios de la zona Norte», han firmado dicho protocolo, en el que se han comprometido a «colaborar y cooperar para la mejora de la garantía y calidad del abastecimiento de los municipios de la zona Norte», acordando «suscribir en el plazo máximo de tres meses un convenio regulador» para «establecer los compromisos concretos de las partes en todas las materias necesarias» para la mejora del abastecimiento.
Hasta la firma de dicho convenio regulador y con carácter de urgencia, la Consejería habrá de realizar, entre otras actuaciones, «una auditoría de las pérdidas de las conducciones que conectan el bombeo de emergencia ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana con la ETAP de Sierra Boyera». Por su parte, la Diputación tendrá que llvar a cabo «la redacción del documento técnico de necesidades de la ETAP de Sierra Boyera para su adecuación».
Falta de infraestructuras
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Por otro lado, ambas partes promoverán una campaña conjunta de concienciación del uso eficiente del agua, en la que la Consejería creará los contenidos y la Diputación los materiales para su difusión.
El protocolo señala que el futuro convenio recogerá el compromiso de la Consejería para «la financiación de la ejecución de las obras de adecuación de la ETAP de Sierra Boyera, mientras que la institución provincial será la encargada de »la ejecución de las obras«, así como de »la reparación de las pérdidas de las conducciones que se detecten en la auditoría«; la »disponibilidad de terrenos, otros bienes o derechos, así como autorizaciones, permisos y licencias« y »la explotación, conservación y mantenimiento de las infraestructuras ejecutadas, garantizando su continuidad en el tiempo".
PFEA
En otro orden de cosas, el Pleno provincial ha dado luz verde, también por unanimidad, al convenio de colaboración con la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía para la financiación del coste de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).
De este modo, la institución provincial repartirá a los ayuntamientos cordobeses un total de 13.650.694 euros. De dicha cantidad, el 75 por ciento es aportado por la Junta de Andalucía (10.238.020 euros) y el 25 por ciento restante por la institución provincial a través de fondos propios (3.412.673 euros).
La determinación de la cuantía que se otorga a las entidades locales para la adquisición de materiales es la resultante de aplicar un 45 por ciento de la aportación para mano de obra que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que asciende a 30.334.876 euros en la provincia de Córdoba. Por tanto, la tramitación de las subvenciones precisa de la coordinación entre la Diputación de Córdoba y sus departamentos, las entidades locales beneficiarias, la Junta y el SEPE.
Para concluir, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, a preguntas de IU, ha afirmado que el hecho de que «desaparezca del organigrama» la denominación de Delegación de Memoria Histórica no supone que «no cumplamos con los convenios adquiridos» con ayuntamientos y asociaciones en este ámbito.
En este sentido, Fuentes ha recalcado que el actual gobierno de la institución provincial «está asumiendo todos los compromisos» de la anterior Corporación «con absoluta lealtad», de forma que «la Memoria Histórica, los convenios y la legislación vigente la vamos a cumplir», al igual que el convenio suscrito con la Universidad de Córdoba (UCO) para la Cátedra de Memoria Histórica, según ha apostillado el presidente de la Diputación.
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