Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid
Tribunales
El Supremo archiva la querella contra Ayuso por Avalmadrid al no ver delito
El Alto Tribunal señala que la presidenta de la Comunidad de Madrid no intervino en la operación con Avalmadrid
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella por un supuesto delito de alzamiento de bienes formulada por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otras personas, por no existir indicios de responsabilidad criminal contra la presidenta autonómica.
La querella relataba una operación de crédito aval por 400.000 euros por parte de la mercantil MC Infortécnica, S.L. con Avalmadrid S.G.R., en el año 2011, garantizada con una finca del padre de Díaz Ayuso en Sotillo de la Adrada (Madrid), y unas donaciones realizadas por los padres de la presidenta de la Comunidad madrileña a la aforada y a un hermano suyo.
El alto tribunal, tras analizar la querella, no aprecia «la concurrencia de indicios consistentes contra la persona aforada en este momento». El Supremo señala en su escrito que Ayuso «no era socia de MC Infortécnica; no consta que conociera su situación económica y societaria; no intervino en la operación de crédito o de aval; no era avalista ni deudora; no consta que conociera la deuda; y no se aprecia ningún indicio de que actuara en connivencia con los demás querellados para evitar el pago de la deuda de aquella sociedad».
Además, los magistrados del Supremo, indican en el auto de archivo que consta de ocho páginas que «en lo que se refiere concretamente a la operación de donación realizada con sus padres, además de lo anteriormente señalado, no aparece indicio alguno de que, en la fecha en la que se lleva a cabo, conociera que MC Infortécnica no fuera a cumplir con las obligaciones derivadas de la operación de crédito, ni tampoco de que tuviera dificultades para ello o que, de forma más o menos definitiva, no pudiera hacerlo en un futuro próximo».
Por ello, y de acuerdo con el informe de la Fiscalía, el Supremo procede a la inadmisión de la querella y al archivo de las actuaciones, «sin perjuicio de lo que proceda en su momento, si iniciada la investigación en relación con los demás querellados no aforados, resultaran indicios consistentes de responsabilidad criminal contra la persona aforada».
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