Luis Medina, a su llegada a los juzgados de Plaza Castilla
Tribunales
El juez del caso mascarillas decreta la apertura del juicio contra Luceño y Medina por delitos de estafa
El magistrado ha señalado que los dos empresarios deben prestar entre ambos una fianza de casi 7 millones por responsabilidad civil
el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, cuyo titular es Adolfo Carretero, ha acordado la apertura de juicio oral contra los empresarios Alberto Luceño y Luis Media por el caso mascarillas. En auto al que ha tenido acceso El Debate, a Luceño se le procesa por cuatro delitos: estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial cometido por particular, y por un delito contra la Hacienda Pública. Por su parte, a Luis Medina se le acusa de ser responsable por un delito de estafa agravad y por otro de falsedad en documento mercantil.
El caso mascarillas nació por una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en plena pandemia de coronavirus. Luceño y Medina, presuntamente, se enriquecieron sobremanera tras encarecer los productos –y test inservibles– que adquirieron a través del empresario malasio San Chin Choon y que posteriormente vendieron al consistorio madrileño.
Alberto Luceño, socio de Medina en los contratos de material sanitario suscritos con el Ayuntamiento de Madrid
En la resolución, el juez obliga a los dos empresarios a que paguen de manera conjunta una fianza de 6.973.371 euros, que deberán prestar «en el plazo de un día» en concepto de Responsabilidad Civil. Además, Luceño debe indemnizar a la Agencia Tributaria con otros 1.351.386,20 euros.
Las penas a las que se enfrentan
La Fiscalía ha pedido 9 años de cárcel para Medida y una multa de 450.000 euros, y 15 años de prisión para Luceño además de una multa que supera los 5 millones por los delitos que se le imputan. Igualmente, el Ministerio Público ha reclamado que ambos paguen de manera solidaria casi 8 millones a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.
Una vez terminada la instrucción con el auto de apertura del juicio oral –que no se puede recurrir– ahora corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid fijar la fecha para determinar qué día comienza la vista.
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