La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Comunidad de Madrid
Madres de niños trans apoyan la reforma de Ayuso para que psicólogos atiendan a menores con dudas sobre su sexo
La agrupación de madres Amanda se ha reunido con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al que han tachado de «irresponsable» por recurrir la reforma de la ley trans de Madrid ante el Constitucional
El Gobierno presiona a Madrid para que dé marcha atrás en su reforma de la ley trans y LGTBI antes de llevarla al Constitucional
La agrupación de madres de adolescentes con niñas con disforia acelerada, Amanda, defiende la reforma de ley trans de la Comunidad de Madrid impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Estas madres se han reunido con Gabilondo para expresarle su preocupación por la interposición de este recurso que, según ellas, es «irresponsable» e «imprudente».
A finales del año pasado, la Asamblea de Madrid, con mayoría absoluta del Partido Popular, sacaba adelante la reforma de las leyes LGTBI y trans autonómicas. Entre las novedades, el nuevo texto de la ley trans establece que todos los menores que vayan a ser hormonados, tanto bloqueo hormonal como hormonación cruzada, tengan que haber recibido previamente apoyo de un psicólogo.
Algo que, según el Defensor del Pueblo, lo que hace es «estigmatizar» a los niños. «Presumir que es bueno para todos los menores recibir el apoyo de profesionales de la salud-mental, así como exigir un informe favorable del médico que trate al menor en caso de padecer alguna enfermedad, lejos de protegerles les estigmatiza, y restringe el ejercicio del derecho a preservar su intimidad, su espacio de seguridad y libertad frente a terceros, y a desarrollarse de la manera deseada», sostiene.
Sin embargo, estas madres opinan todo lo contrario porque «la prudencia en la intervención con menores no patologiza». «El Defensor del Pueblo debe tener presente en su actuación, sus decisiones y en el ámbito de sus competencias, la salud de nuestras y nuestros adolescentes. Esto solo es posible protegiendo una atención integral que considere todas las problemáticas –y no solo el autodiagnóstico– de los menores cuando sus malestares cursen con una aparente disconformidad con su sexo», sostienen desde Amanda, tal y como se lo trasladaron al Defensor del Pueblo en la reunión que mantuvieron el pasado viernes en Madrid.
Un encuentro en el que también estuvieron presentes la Alianza contra el Borrado de las Mujeres y Dofemco y que se produjo después de que el Defensor del Pueblo hubiera interpuesto ya el recurso de inconstitucionalidad, algo que «llama la atención» de estas agrupaciones. «El Defensor y su equipo jurídico manifestaron tener conocimiento de nuestra existencia, reflexiones y posicionamiento, pero no optaron por reunirse con todas las partes previamente a tomar una decisión de este calado», arguyen.
«Las preocupaciones de cientos de familias que afrontan esta problemática no cursan con posiciones ideológicas, sino con el legítimo interés y obligada responsabilidad de favorecer una vida plena a sus hijos e hijas, sin exponerles de manera prematura a cambios irreversibles con impacto en su salud física y mental, tal como ya se ha visto a nivel internacional», agregan.
En suma, estas agrupaciones consideran que «la interposición del recurso de inconstitucionalidad ha sido imprudente e irresponsable por parte del Defensor del Pueblo, que no ha contado con todas las voces, testimonios e información a la que sin duda tenía acceso y ha despreciado la protección a los menores que incluye la reforma de la Ley Trans de la Comunidad de Madrid».
Estas madres consideran que la «reforma de la ley de la Comunidad de Madrid ha sido un primer paso hacia la prudencia y la protección garantista de la salud de la infancia, derecho reconocido tanto por la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia como por nuestro ordenamiento jurídico, estando el interés superior del menor por encima de otros principios normativos». Por ello, confían en la «prudencia del Tribunal Constitucional» a la hora de pronunciarse sobre el recurso.
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