La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila
Comunidad de Madrid
Alarma en Madrid por la ley trans: agresores están cambiando de sexo para eludir la Justicia y acercarse a sus víctimas
La Comunidad de Madrid ha mandado una carta al Ministerio de Igualdad para alertar de los casos que ha detectado y pidiendo asesoramiento
Se cumple un año de la fraudulenta ley trans que «daña a las mujeres» y ha traído «consecuencias nefastas»
El Gobierno presiona a Madrid para que dé marcha atrás en su reforma de la ley trans y LGTBI antes de llevarla al Constitucional
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está muy preocupado por los efectos que está causando la ley trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad, en la región. El Ejecutivo madrileño ha detectado varios casos de agresores sexuales que han solicitado el cambio de sexo registral, al que tienen derecho libremente en virtud de la legislación que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez cuando Irene Montero era aún ministra de Igualdad, para, por un lado, eludir la Justicia y por otro acercase a sus víctimas.
Tal es la alarma, que la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha escrito una carta a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, contándole la situación y pidiendo indicaciones sobre cómo proceder en estos casos para que «no se ponga en peligro la integridad de las víctimas de violencia».
La citada carta, a la que ha tenido acceso El Debate, arranca informado de que «desde los puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid» están transmitiendo a las autoridades su «preocupación al comprobar la petición de ayuda de personas que, habiendo realizado el cambio registral de sexo, siendo ahora femenino, figuran en VioGén como agresores cuando su sexo era el masculino».
Es más, ahonda la misiva que Dávila remitió a Redondo el pasado lunes, «alguna de las víctimas de violencia está siendo atendidas en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor». «Una circunstancia que pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales, y en riesgo el sistema de protección», afirma la consejera, que sentencia que es «evidente» que la ley trans «no resuelve las cuestiones suscitadas» por lo que le pide indicaciones sobre cómo proceder en estos casos.
Casos detectados en Madrid
En concreto, la consejería de Asuntos Sociales ha detectado en los últimos meses al menos tres casos de presuntos agresores, que estando monitorizados por el Gobierno a través del sistema de seguimiento VioGén, han modificado su sexo gracias a la nueva ley trans y, posteriormente, han solicitado acceder a un punto de atención a mujeres víctima de violencia.
Según señalan desde el departamento comandado por Ana Dávila, ninguna de estas tres peticiones ha tenido que ser atendida por el momento pero, aseguran, «estas situaciones están causando estrés y ansiedad en algunas trabajadoras, que temen posibles agresiones».
Uno de los casos se ha registrado en Madrid capital, donde un presunto agresor pidió ingresar en un centro de acogida residencial para mujeres. El segundo se ha producido en Coslada, donde otro presunto agresor ha pedido ser atendido en el punto municipal de esta localidad, mientras que el tercer caso, tal y como señalan desde la Comunidad de Madrid, se ha registrado en Pozuelo de Alarcón, donde otro presunto agresor ya declarado mujer en su DNI ha solicitado ser atendido en el mismo punto municipal en el que estaba siendo atendida su ex pareja.
Aparte, se han detectado al menos otros tres casos distintos a los anteriores en el último año en la Mancomunidad de Sierra Oeste. En dos de ellos, el presunto agresor cambió de sexo en su DNI, lo que le evitará que la violencia que pueda ejercer en un futuro se sustancie a través de un procedimiento judicial de violencia de género. En el tercer caso, se trata de un presunto agresor sexual pareja de la agredida, la cual al interponer la denuncia ante la policía fue informada de que éste había cambiado ya de sexo registral al femenino, por lo que no podían considerar la denuncia como un caso de violencia de género.
Por último, en Móstoles, Velilla de San Antonio y en la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste (MISECAM), varios varones que han cambiado de sexo registral al femenino están pidiendo información sobre las ayudas a las víctimas de violencia de género.
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