Inmigrantes en Alcalá de Henares
Vox propone que la Agencia para el Empleo de Madrid no participe en la regularización de medio millón de inmigrantes
Son más de 600.000 firmantes a los que no se les ha informado
El Congreso de los Diputados ha tenido en cuenta una proposición de ley para la regulación extraordinaria de medio millón de inmigrantes. Esta propuesta pretende modificar un artículo sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración que establece que el Gobierno establecerá en el plazo de seis meses, un procedimiento para la regulación de los extranjeros que se encuentren en territorio español. Ante este escenario, el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento ha pedido que la Agencia para el Empleo de Madrid «no participe en el diseño de ninguna actuación» relacionada con tales regulaciones.
Son más de 600.000 firmantes a los que no se les ha informado de las consecuencias tan lesivas que acarreará tanto para los españoles como para los inmigrantes ilegales que trabajan en España.
Según el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento, «resulta preciso denunciar que en la actualidad la emigración ilegal supone la mayor fuente de ingresos dentro de las actividades delictivas y una cantidad incalculable, cifrada en miles de millones de euros, para las instituciones promotoras de la regularización».
En este sentido, señalan que «desgraciadamente emulando a épocas pasadas, los seres humanos resultan ser de nuevo la materia prima más rentable en el comercio internacional por lo que no es de extrañar que quienes se benefician de ello, promuevan y fomenten esta actividad».
Así, «los tratantes de estos inmigrantes que se pretenden regularizar se calcula han ingresado en torno a 2.500 millones de euros y son también una fuente de ingresos para aquellas organizaciones que los atienden en España a través de contratos o convenios millonarios y un objetivo muy lucrativo para aquellas instituciones que les ofrecerán previsiblemente cursos de formación».
Desde el Grupo Municipal de Santiago Abascal explican que «teniendo en cuenta que cada curso podría tener un coste medio por inmigrante, y si tomamos como referencia convenios ya existentes, de 6.500 euros por alumno, el montante se elevaría a 3.250 millones de euros, sin considerar otro tipo de ayudas sociales».
«Se debe recordar que en Madrid tenemos 361.000 desempleados según la EPA del 4T de 2023, un desempleo que en cifras porcentuales no alcanza el 10 %, pero sin embargo el desempleo juvenil supera el 30 %, uno de los más altos de España, y es consecuencia del bajo nivel de formación y cualificación de nuestros jóvenes», apuntan desde Vox.
Se cifra en 500.000 los jóvenes que anualmente emigran de España, más de un 80 % con estudios superiores o secundarios, en busca de mejores oportunidades y salarios, lo que está produciendo un empobrecimiento del capital humano que lastra la viabilidad de aquellas empresas que generan alto valor añadido.
La formación de Santiago Abascal remarca que «en este escenario, sobre el que nadie quiere alertar y que resulta sin embargo fácilmente evaluable desde el punto de vista técnico, la Agencia para el Empleo de Madrid no puede participar de esta gravísima irresponsabilidad ni ser un instrumento del deterioro del tejido productivo».
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