Encierro infantil en Leganés
Ayuntamiento de Leganés
La izquierda polemiza por un encierro infantil en Leganés: «Es un adoctrinamiento hacia la tauromaquia»
El pasado sábado se celebró en el municipio madrileño de Leganés un encierro infantil con bueyes inofensivos de pequeño tamaño que ha suscitado polémica entre la izquierda y los animalistas. Mientras que los primeros, en concreto Más Madrid, pidieron la cancelación del encierro antes de que se produjera, desde PACMA han exigido este martes que se sancione al Ayuntamiento de Leganés, comandado por el popular Miguel Ángel Recuenco, porque, consideran, ese encierro con menores podría ser ilegal.
El evento fue un éxito, tal y como se desprende de las fotografías compartidas por el Consistorio, y de los testimonios de algunos de los más de 1.000 asistentes, recogidos por Telemadrid. Sin embargo, algunos sectores han querido hacer casus belli de esta actividad taurina, que se enmarca dentro de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Butarque.
La coordinadora provincial del Partido Animalista Con el Medio Ambiente en Madrid, Asunción Estévez, presentó una denuncia ante el Ayuntamiento de Leganés el pasado 13 de agosto contra la celebración de esta bueyada o encierro infantil que finalmente tuvo lugar el pasado sábado, argumentando que, tal y como estaba planteada, podría ser ilegal.
Según PACMA, se habrían vulnerado diversas normativas autonómicas y estatales de protección de la infancia y regulación de espectáculos taurinos.
Tal y como declara Estévez, el acto podría haber contravenido el artículo 35.1 del Decreto 112/1996, que establece que la edad mínima para participar en encierros taurinos es de 16 años.
El evento, anunciado y promovido por el Ayuntamiento de Leganés como «infantil», expuso, según PACMA, a menores de edad a un «riesgo innecesario», en lo que consideran un «intento de adoctrinamiento» hacia la tauromaquia. «Este tipo de actividades, además de ilegales, son peligrosas para la integridad física y emocional de los menores, y suponen una grave vulneración de sus derechos», afirma la coordinadora.
Mientras tanto, el Viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez, ha enmarcado la polémica en «la típica rabieta de los intransigentes de siempre cuando alguien hace algo que no les gusta».