El Gobierno de Ayuso exige la dimisión del delegado del Gobierno tras su imputación: «No puede seguir un minuto más»

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha exigido la dimisión del delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, imputado ayer por el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez, por la contratación, presuntamente irregular, de Cristina Álvarez, la asistente de la mujer de Pedro Sánchez, para funciones distintas de las que terminó desarrollando.

El portavoz gubernamental y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado que Martín tiene que dimitir «por ética o por estética». «No puede seguir ni un minuto más, no soportamos más corrupción política y económica», ha agregado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha pronunciado sobre esa imputación.

Para el número dos de Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno madrileño, lo sucedido con el delegado lo que hace es «estrechar más el círculo sobre Pedro Sánchez» quien, ha recordado, tiene «a su mujer imputada por cuatro delito, a su hermano procesado, a su exministro José Luis Ábalos también imputado, así como al fiscal General del Estado y, ahora, también al delegado del Gobierno en Madrid».

Sin embargo, Martín, que compareció ayer en rueda de prensa a la pocas horas de filtrarse el auto del juez Peinado, se mostró sereno y dijo tener «la conciencia muy tranquila». El delegado mostró su disposición de colaborar con la Justicia y de comparecer el próximo día 14 de mayo ante el juez y avanzó que todo «el ruido» terminará, en su opinión, «en nada».

Cabe recordar que Álvarez es la alto cargo que prestó servicio a Gómez llegando a enviar, incluso, varios mails relacionados con su actividad profesional privada. En concreto, algunos textos para recaudar fondos para su cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así las cosas, el juez Peinado atribuye a Martín Aguirre un presunto delito de malversación de caudales públicos cuando era secretario general de Presidencia en La Moncloa, tras admitir a trámite una querella de la acusación popular que ejerce Vox -abierta en una pieza separada de la causa principal- en la que se apuntaba a su implicación en la incorporación de Cristina Álvarez a la plantilla de Presidencia, para prestar soporte y asesoramiento a la esposa de Sánchez en cuestiones de la agenda oficial de su marido, protocolo y los eventos a los que debiera acompañarle.