El Gobierno señala de nuevo al juez Peinado tras imputar a su delegado en Madrid por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

Una vez más, el Gobierno ha vuelto a cerrar filas tras una decisión del juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que se sigue contra Begoña Gómez por varios presuntos delitos de corrupción y, una vez más, lo ha hecho para atacar al magistrado. En esta última ocasión, después de que el juez notificase, este mismo martes, la imputación formal del actual delegado del Ejecutivo en Madrid, Francisco Martín Aguirre, antes mano derecha del hoy ministro Félix Bolaños, por su papel en la contratación de la asesora de La Moncloa que, supuestamente, y pagada con dinero público, ayudó a Gómez en asuntos profesionales privados.

No en vano, era el propio Bolaños quien –nada más conocerse la resolución del juez Peinado, citando a declarar a Martín Aguirre el próximo día 14 de mayo– calificaba la resolución como un «motivo de preocupación máxima» para quienes defienden «la imparcialidad de los jueces».

Preguntado sobre el avance de la investigación judicial, antes de que comenzara el Pleno del Senado de este martes, Bolaños respondía a los periodistas que «esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país».

Ésta era la reacción del titular de los Departamentos de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia contra la admisión de la ampliación de la querella presentada por Vox contra el delegado del Gobierno en Madrid que, «en su anterior condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno», habría participado en la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

Unas manifestaciones que no tardarían en provocar una cascada de críticas hacia el ministro por su ataque a la separación de poderes y por basar su «defensa» de Martín Aguirre en un «ataque al juez Peinado», «totalmente inaceptable».

Y, sin embargo, la reflexión de Bolaños no tardaría en ser respaldada, por otros miembros del Ejecutivo en el mismo tono crítico contra el juez. Mientras el ministro Óscar López colgaba en su perfil de la red social X una imagen con la definición de la palabra «prevaricación», según la Real Academia Española (RAE), acompañada del texto «Palabras de actualidad...»; la que fuera su asesora en La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, aseguraba que «no hay nada» contra Martín Aguirre y que todo se trata de «bulos y mentiras para atacar a un Gobierno legítimo».

Por su parte, el magistrado, en su razonamiento jurídico para motivar la imputación del delegado socialista en Madrid, recalcaba cómo «nuestro sistema procesal penal crea no sólo la figura del juez instructor, dotado de imparcialidad, alejado de tintes inquisitoriales, sino una necesaria fase previa» de investigación «de filtro» y, «transcurrida la cual», una vez «practicadas las diligencias esenciales para la averiguación de los hechos denunciados», obliga a «un pronunciamiento» justificado «sobre la continuación del procedimiento, archivo del mismo o declaración de delito leve».