La trama Cerdán que contaminó la SEPI salpica a la ministra Aagesen, la ex ministra Montero y el ex número dos de Calviño

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado la existencia de una trama organizada entorno a las 'cloacas' del PSOE, capitaneadas por Santos Cerdán, que utilizó al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, para lograr el rescate de 112,8 millones de euros que el Gobierno concedió a la empresa vasca Tubos Reunidos, próxima al PNV, y que implica, además, tanto al ex número dos de la ex ministra de Economía Nadia Calviño como a la actual titular de Transición Energética, Sara Aagesen.

No en vano, en el último informe entregado al juez instructor del caso Santiago Pedraz, los agentes de la UCO sospechan que se produjo un encuentro de la red con Andoni Ortúzar, líder de los nacionalistas vascos, el 28 de enero de 2025, para agilizar los trámites institucionales necesarios que, además, salpican a otros líderes socialistas, de «arriba del todo», como recogen algunas de las conversaciones incautadas a Fernández, hombre de confianza de la ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Entre ellos, además, al que era número dos del ministerio de Economía con Nadia Calviño, el ex secretario de Estado Gonzalo García Andrés, que si bien al principio de la operación era reticente, al final acabó cediendo a la inyección de dinero público para Tubos Reunidos.

Una dinámica que se repitió en el caso de la actual titular de Transición Energética, Sara Aagesen que en junio de 2021 denegó la solicitud de ayuda solicitada por la empresa 'amiga' de los nacionalistas vascos, más tarde, en concreto tres semanas después, cambió de opinión, por intervención de la trama de acuerdo con la tesis que manejan los investigadores policiales.

«Se puede concluir que, tras esta reunión, Santos pretendía desarrollar algún tipo de gestión con relación a la situación de Tubos Reunidos», sostiene la UCO, a lo largo de su atestado en el que destaca que los encuentros identificados entre la trama y diferentes autoridades tanto del Gobierno central, como autonómico, como de la propia SEPI «sólo podían estar relacionadas con las pretensiones que esta sociedad [Tubos Reunidos] tenía con la SEPI». En una primera fase, para asegurarse el acceso a los fondos de rescate, aprobados en pandemia, y, más tarde, para la venta de unos terrenos en Sestao «para cubrir las necesidades de liquidez si fuera necesario», con la autorización de hacerlo sin tener que invertir los mismos en la amortización de la deuda pública pendiente.

Y es que, a lo largo de todo el dictamen policial, la Guardia Civil insiste en la «necesidad» que tuvo la red tejida entorno a las 'cloacas' socialistas de Ferraz, donde se produjeron varios encuentros, de «aproximarse al PNV» ante la parálisis que supuestamente habrían provocado las dudas del ex secretario de Estado de Economía», García Andrés, integrante del Consejo gestor del rescate. De ahí que una de las piezas clave de las pesquisas haya sido el interrogatorio al ex número dos de Economía, en la etapa de Calviño, que en un primer momento se mostró hostil con el rescate, pero terminó autorizándolo, pese a la polémica que rodeaba al mismo.

Los investigadores creen que García de Andrés no sólo se revolvía contra las órdenes de su entonces jefa, la ex ministra de Economía, sino que ponía todo tipo de objeciones al acceso de Tubos Reunidos al dinero, al igual que no apoyaba rescatar a empresas vinculadas al sector turístico porque entendía que ni eran estratégicas, ni irreemplazables.

En la misma línea, su homóloga en el Ministerio de Teresa Ribera, la secretaría de Estado de Energía, hoy ministra, Sara Aagesen, tampoco era partidaria de salvar a Tubos Reunidos, si bien en su caso, se debía a razones «ecológicas». Así se lo manifestó, en junio de 2021, el que fuera directivo de la SEPI, Miguel Ángel Figueroa: «La SE Energía [secretaria de Estado dice que no va a aprobar TR [Tubos Reunidos]». Una información que, en todo caso, era confidencial de las reuniones del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que se celebró el día antes del mensaje enviado por Figueroa a su jefe, Fernández.

De la mediación en el rescate de Tubos Reunidos por la SEPI se habrían beneficiado, según la UCO: Santos Cerdán; su socio en Servinabar, Antxon Alonso; la 'fontanera' Leire Díez; y, el propio Vicente Fernández

A partir de entonces, la UCO ha localizado evidencias de que tanto Cerdán, como Díez, Fernández y Alonso llevaron a cabo «acciones tendentes» al otorgamiento de la ayuda económica a Tubos Reunidos, «percibiendo por ello un total de 114.950 euros» a través de la mercantil Mediaciones Martínez. Y es, por estos hechos, por lo que el magistrado Pedraz, que investiga las 'cloacas' socialistas, ordenó la apertura de una pieza separada dentro de la causa principal.

La secuencia, según narran los agentes, consistió en que Fernández, tras recibir la negativa de su 'topo' en la SEPI -para la que siguió actuando como presidente, hasta un año después de su salida- llamó al socio de Cerdán, Antxon Alonso, con la intención de que contactase con sus aliados en el PNV y movilizarlos en favor de Tubos Reunidos. A su vez Alonso se pondría en marcha para acceder a la consejera de Industria del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, quien telefonearía la mismísima María Jesús Montero, ministra de Hacienda, de donde cuelga la SEPI, para trasladarle las reticencias de Aagesen, durante las deliberaciones secretas del Consejo. El resultado de la cadena de actuaciones sería que el viceconsejero de Montero, Javier Zarraonandía, habría llegado hasta la mismísima Aagesen.

«Labores» de influencia muy rentables

«Como consecuencia directa de estas labores», la UCO sostiene que «los participantes del grupo 'Hirurok'» -como se denomina al chat de Whatsapp que utilizaba la presunta trama de Leire Díez para comunicarse entre ellos- recibieron un total de 114.950 euros a través de facturación emitida por la sociedad Mediaciones Martínez SL a Tubos Reunidos», a lo que habría que sumar luego otros 132.500 euros obtenidos por Vicente Fernández, directamente y en exclusiva. Es decir, un total de 247.459 euros en agradecimiento por las gestiones asumidas para lograr el rescate de la compañía.

De acuerdo con las conclusiones de la UCO, esta cuantía habría sido pactada por los integrantes del grupo con el que fuera presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, «y el abono de la misma fue realizado mediante la emisión de facturas mensuales de 5.000 euros (IVA no incluido) entre diciembre de 2021 y agosto de 2023».

Los investigadores analizan el intercambio de contratos y también la comunicación de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, por los «servicios de asesoramiento, apoyo e intermediación de cara a la renegociación con acreedores, incluida la SEPI y el FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) vinculado a la SEPI y orientado a ayudas durante la Covid-19, para poder retener liquidez».

«Este contrato, que para diferenciarlo de los anteriores se denominará como Contrato 4, establecía una remuneración de 40.000 euros en caso de éxito», apunta la UCO, que cita en este punto el testimonio a la secretaria general y del consejo de Tubos Reunidos.

Es decir, «a modo de resumen global», la UCO establece que la percepción de ingresos procedentes de Tubos Reunidos a favor de Vicente Fernández se habría dividido en dos periodos: el primero, como consecuencia de las labores del grupo 'Hurirok' canalizadas a través de la «sociedad instrumental» Mediaciones Martínez, participando de los beneficios también Antxon Alonso y Leire Díez; y un segundo periodo al margen de dicho grupo «más allá de lo relativo a su vinculación con Leire».

«De esta manera, tenidas en cuenta tanto las cuantías pagadas por la sociedad a Mediaciones Martínez como a Vicente, el monto total resultaría de 247.459 euros con IVA incluido», concluye la UCO, que suma los 114.959 euros del primer periodo y 132.500 euros del segundo periodo.