Tubos Reunidos siguió indicaciones de Leire y visitó Ferraz cuatro meses antes de la autorización para vender activos sin amortizar el rescate

En octubre de 2020, fecha en la que arranca la operación de Tubos Reunidos, y donde se contextualizan las primeras conversaciones de Whatsapp entre el ya entonces ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el presidente ejecutivo de la empresa vasca, Francisco Irazusta, para lograr el rescate de la compañía, instado en noviembre de ese mismo año. En las pesquisas recogidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último atestado entregado al juez Santiago Pedraz, instructor del caso cloacas, se acredita que fue el propio Fernández quien presentó a Irazusta a Leire Díez, como «directora de Gabinete» de la SEPI, aunque no ocupaba el cargo.

Así arrancó una relación continua que, presuntamente, revela la «hoja de ruta» pactada por la trama para que Tubos Reunidos accediese a la ayuda pública de 112,8 millones de euros que terminó obteniendo y que, más tarde, ya en noviembre de 2024, Tubos Reunidos utilizó para acceder a la concesión de los permisos necesarios para vender propiedades, pese a no haber devuelto aún el dinero que le fue prestado.

De tal manera que en la operativa de las 'cloacas', «siguiendo las indicaciones de Leire y, aparentemente» de Santos Cerdán, con el que« incluso habían llegado a mantener una reunión en la sede del PSOE en Ferraz», la empresa vasca habría remitido la solicitud pretendida al FASEE. Una petición que tan sólo dos días después recibió como respuestas una comunicación de uno de sus responsables en la que exponía que estaba «terminando el informe», deduciéndose de aquel mensaje que la respuesta «podía ser positiva», interpretan los agentes.

Sin embargo, esta respuesta nunca habría llegado, ni la solicitud consta en el expediente aportado por la SEPI a las pesquisas judiciales, incorporadas al sumario ni, por lo tanto, figura ninguna eventual respuesta del organismo público.

Más tarde, los agentes de la UCO, localizaron cómo casi cuatro meses después, en marzo de 2025, sí consta presentada una nueva solicitud de Tubos Reunidos en la que, entre otras cosas, «se solicitaba la dispensa para la utilización de los importes procedentes de la venta de Sestao y el aplazamiento del cumplimiento de la obligación de destinar parte de la venta de Sestao a la amortización anticipada» del rescate obtenido de la SEPI.

Además, esta solicitud, «en contraposición a lo que venía produciéndose con respecto al resto de solicitudes o gestiones efectuadas» por la empresa vasca, «se resolvió en un corto periodo de tiempo». Un detalle que no hace sino acrecentar las sospechas de los agentes sobre las irregularidades cometidas por la trama para lograr sus objetivos.

De manera concreta, el 21 de marzo de 2025, la solicitud de Tubos Reunidos recibió un «correo electrónico del día 05.12.2024, remitido por Vicente [Fernández] a Elena Sánchez Álvarez, [considerada socia de la empresa Heymorich SL], bajo el asunto 'Reunión con Joseba Aurrekoetxea' [miembro del PNV]».

«Finalmente, la petición fue autorizada el mismo día 28.03.2025, al firmar la correspondiente resolución Julián Mateos-Aparicio [conocido de Vicente Fernández],por delegación de firma de la presidenta Belén Gualda González», narran los agentes en el último informe entregado al juez Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso El Debate.