Empleados de Barajas se plantean denunciar por el «riesgo» de los sintecho, a los que se les han incautado armas

vigilantes, personal de limpieza, mantenimiento, comercios y atención al cliente de la T4 del aeropuerto de Barajas se plantean interponer denuncias ante el ministerio de Trabajo por la «más que evidente situación de riesgo» a las que están expuestos por los casi 500 sintecho que cada noche pernoctan en las instalaciones y a los que se les han llegado a incautar armas blancas como cuchillos, machetes y otras fabricadas artesanalmente.

Así lo ha avanzado el sindicato Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) en un comunicado, al que ha tenido acceso El Debate, en el que exige «una respuesta urgente, coordinada y efectiva, que garantice tanto la seguridad laboral y ciudadana como una atención digna al colectivo afectado».

«Los trabajadores están expuestos a situaciones de peligro, en un entorno que no ha sido diseñado ni preparado para este tipo de problemática. Los propios viajeros, ajenos a esta situación, también sufren las consecuencias, enfrentándose a un ambiente de inseguridad impropio de una infraestructura clave para el país», sostiene, antes de criticar que las administraciones no están ofreciendo ninguna solución.

«Ni Aena, ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde ha calificado a estas personas como 'refugiados políticos'», censuran, antes de explicar este colectivo, denominado por las autoridades como ONA (Ocupantes No Autorizados), se compone de «personas con perfiles muy diversos: sin recursos económicos, con trastornos mentales, problemas de adicción al alcohol o drogas».

Por su parte, desde el sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (Asae) reclaman al Gobierno central, Delegación del Gobierno y Ayuntamiento de Madrid regular de oficio las actuaciones a llevar a cabo a través de unas normas que deberían ser fijadas mediante una Ley, Real Decreto, Orden Ministerial, enmienda de Ley, Reglamento de Viajeros «o lo que se estime más adecuado» y que establezca su obligado cumplimiento.

Entre esas normas pide fijar una serie de prohibiciones en zonas de uso público como «pernoctar, residir, deambular o utilizar las zonas de descanso de pasajeros por personas que no sean viajeros y porten documentación acreditativa de vuelo es los horarios que Aena determine».

Guerra política

Al margen de los sindicatos, la guerra política continúa entre las administraciones. Este miércoles, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado al presidente de Aena, Maurici Lucena, hablar exclusivamente de «competencias» cuando el Consistorio quiere hablar de «personas».

«Habló de competencias, competencias y competencias y el Ayuntamiento quiere hablar de personas. Me parece inmisericorde escudarse en las competencias en un falso debate sobre competencias cuando estamos hablando de más de 400 personas que están en condiciones indignas y con falta de humanidad», señaló, después de que Lucena amenazara el pasado viernes con la interposición de un requerimiento formal al Ayuntamiento de Madrid «para que cumpla sus obligaciones legales como Administración pública responsable».

Además, el primer edil ha criticado que nadie de los cinco ministerios a los que afecta esta situación se ha personado en las reuniones técnicas, a pesar de que «tienen responsabilidad sobre el aeropuerto de barajas y sobre las personas que están en él».

Por su parte, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso señalan al Gobierno de Pedro Sánchez como el responsable de lo que está ocurriendo en la T4 de Barajas. «Todo lo que toca el Gobierno de Pedro Sánchez lo convierte en un caos y ahora ha convertido en un caos el aeropuerto precisamente por no actuar desde el principio, por no tomar ninguna medida. Ahora parece que están empezando a tomar algunas medidas que desconocemos. Nosotros lógicamente nos ponemos a su disposición», ha afirmado hoy el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, a preguntas de este periódico.