Dos jubilados pasean por Madrid.
Los jubilados madrileños disparan las solicitudes de ayudas para recuperar sus viviendas okupadas
Este fenómeno no es homogéneo, afecta especialmente a ciertos distritos del sur y sureste de Madrid
La jubilación no está trayendo el descanso esperado para muchos madrileños. En lugar de disfrutar de una etapa tranquila, cada vez más pensionistas se enfrentan a un problema angustiante: la okupación ilegal de sus viviendas. Son personas mayores con una o dos propiedades que adquirieron tras décadas de esfuerzo, y que ahora ven invadidas por personas que no tienen derecho legal alguno a estar allí.
«Estamos viendo un repunte muy importante de personas mayores que acuden a nosotros porque su piso, que tenían alquilado o simplemente cerrado a la espera de encontrar inquilino, ha sido ocupado», explica Emilio J. Sánchez, abogado y socio de Legalis Defensa, despacho especializado en desahucios.
Este fenómeno no es homogéneo: afecta especialmente a ciertos distritos del sur y sureste de Madrid —Villaverde, Usera, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Vicálvaro, Carabanchel o San Blas— donde confluyen factores como la abundancia de pisos vacíos, la falta de alquileres asequibles y contextos socioeconómicos más vulnerables.
Pero también ha dado el salto a zonas de alto poder adquisitivo. «Durante la pasada Semana Santa hemos tenido casos en el Barrio de Salamanca, donde los okupas se hacían pasar por agentes inmobiliarios, alquilando pisos que ni siquiera eran suyos», revela Sánchez.
El perfil de los propietarios más afectados es claro: personas mayores de 65 años, muchas veces viudas o viviendo solas, que dependen de esos ingresos. «No hablamos de especuladores. Hablamos de gente mayor que contaba con su piso como un salvavidas económico», subraya el abogado.
Pensionistas.
Aunque el marco legal ofrece herramientas para recuperar la propiedad, el camino no es siempre rápido ni sencillo. Hasta hace poco, los desalojos podían alargarse durante meses e incluso años. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 ha traído consigo una importante novedad: la posibilidad de aplicar juicios rápidos en casos de ocupación ilegal, tanto por allanamiento de morada como por usurpación.
«La ley permite resolver estos casos en un plazo máximo de 15 días desde la denuncia. Pero en la práctica, la saturación de los juzgados y la disparidad en la aplicación normativa siguen siendo obstáculos importantes», aclara Sánchez.
A esto se suma una modificación clave: la eliminación del requisito de estudios de vulnerabilidad en ciertos procedimientos penales, lo que, en teoría, agiliza el proceso de desalojo. Sin embargo, este cambio no afecta a los procedimientos civiles, donde la supuesta vulnerabilidad del ocupante puede seguir retrasando la recuperación de la vivienda por parte del propietario.
Una pareja de ancianos camina por la calle cogida de la mano.
Redes de okupas
«Nos encontramos con casos en los que el propietario demuestra necesidad y buena fe, y aun así se ve atado de manos porque el sistema le exige justificar hasta el último detalle, mientras que los ocupantes ilegales gozan de ciertas protecciones institucionales», denuncia el letrado.
En paralelo, se ha detectado un auge de redes organizadas que se dedican profesionalmente a ocupar viviendas para luego alquilarlas o chantajear a los legítimos dueños.
«No me podrán decir que no es surrealista que redes de okupas se hayan convertido en arrendatarios y que el ordenamiento jurídico, en la práctica, haya estado protegiendo más a éstos que a los propietarios legales de las viviendas ocupadas», señala Sánchez.
En este escenario, muchos jubilados no solo sufren un perjuicio económico, sino también un desgaste psicológico. Algunos desarrollan ansiedad, otros han tenido que retrasar tratamientos médicos por falta de liquidez y no pocos viven con miedo a represalias si inician acciones legales. «Para muchos de ellos, perder el control de su propiedad es una forma de perder el control sobre su vida», concluye el abogado.
Desde Legalis Defensa recomiendan a los propietarios tomar medidas preventivas: contratar seguros específicos contra la okupación, instalar sistemas de alarma y videovigilancia, realizar visitas periódicas, considerar alquileres temporales y revisar bien los contratos de arrendamiento incluyendo cláusulas de protección. La prevención, en este contexto, es una de las mejores armas legales.
