Un complejo de 25.000 m2 que costó 86 millones: el lugar donde Sánchez alojará a 400 inmigrantes en Pozuelo

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene intención de alojar en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón a 400 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo, procedentes de Canarias. Una decisión que ha pillado por sorpresa tanto al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como al Ayuntamiento de la localidad, comandado por la popular Paloma Tejero, quien ha exigido explicaciones al Ejecutivo y ha tildado el traslado de «temerario».

La regidora ha pedido una reunión «urgente» con el Gobierno para conocer el detalle de ese «plan de acogida» del que, por el momento, ha trascendido poco más que la intención de mandarles al Centro de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (CREADE), ubicado en el Paseo de la Casa de Campo 1 de Pozuelo de Alarcón.

El terreno fue adquirido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2001 para levantar un centro permanente de formación de funcionarios. Un proyecto que tardó doce años en materializarse y que costó a las arcas públicas más de 86 millones de euros.

No fue hasta 2013 cuando este complejo comenzó su actividad, que cesó en 2019 debido, fundamentalmente, a motivos económicos. Así se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social de 2022, donde la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce que la ocupación y aprovechamiento del centro era «baja» con una media de ocupación desde la apertura de 65 cursos anuales, que corresponden con unos 1.700 alumnos, es decir, una media de 36 personas por semana o 12 personas por día.

Por otra parte, el informe recoge que el gasto de mantenimiento se consideraba «elevado» por los distintos contratos de mantenimiento, vigilancia y seguridad, limpieza, así como el pago de tributos. Por ello, se entendió que «la suma de todos los aspectos mencionados, propiciaba la necesidad de reducir la actividad del centro y proceder a la apertura de un proceso de venta del mismo».

Finalmente, en 2019 el inmueble se incluyó en el Plan de Enajenación 2019-2020, pero la subasta pública se declaró desierta por falta de licitadores. Es así como este lugar se convirtió en 2022 en uno de los tres centros habilitados por el Gobierno de Pedro Sánchez en toda España para acoger a refugiados de la guerra de Ucrania.

El complejo, de 24.773,52 metros cuadrados, está compuesto por tres edificios: uno de oficinas para la administración y otro compuesto por aulas de formación, salas de juntas, salón de actos, biblioteca y auditorio. Además cuenta con una zona residencial con un hotel con 124 habitaciones y 27 suites, cafetería, restaurante, gimnasio y piscina climatizada.

El Ejecutivo central puso en marcha los Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (CREADE) de Madrid, Barcelona y Alicante para cumplir con tres funciones principales: la recepción y asistencia inicial, para lo que cuentan con plazas de alojamiento en el propio centro o en localizaciones cercanas; la gestión para la obtención de Protección Temporal, en menos de 24 horas, lo que otorga permiso de residencia y trabajo y acceso a los servicios sociales españoles de forma inmediata y la derivación a espacios de la red de acogida.

En un principio, estos espacios estaban destinados exclusivamente a personas de Ucrania desplazadas tras el 24 de febrero de 2022, o que se encontraran en España en situación regular o irregular, cuando estalló el conflicto, personas de otras nacionalidades que cuando estalló el conflicto tuvieran residencia en Ucrania bajo Protección Internacional o con un permiso y que no pueden regresar a su país de origen y sus cónyuges o parejas de hecho, hijos menores solteros o parientes cercanos que convivieran o dependieran de ellos.

Sin embargo, con el tiempo, el Gobierno comenzó a utilizar estas instalaciones también para alojar a inmigrantes procedentes de Canarias. En concreto, en octubre de 2023 había 150 inmigrantes en este lugar, aunque, a día de hoy, desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, denuncian no tener ningún tipo de información sobre las personas que están alojadas en este espacio.

Así las cosas, y tras conocer, a través de los medios de comunicación, la intención del Ejecutivo de mandar a estas instalaciones a 400 menores inmigrantes no acompañados, el Consistorio ha pedido paralizar cualquier traslado de menores a Pozuelo «hasta que se garantice una acogida digna, planificada y con el respaldo institucional necesario».