Fuego cruzado en Alcalá de Henares por el centro de inmigrantes: «Prometieron cerrarlo y ahora lo amplían sin asumir ningún coste»

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha criticado este jueves al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su actitud durante la Junta Local de Seguridad, convocada para abordar el dispositivo para las fiestas patronales pero que ha terminado por centrarse en la situación de seguridad en la ciudad y la polémica en torno al centro de inmigrantes tras una violación presuntamente cometida por uno de sus residentes.

En declaraciones a los medios tras la reunión, Piquet ha acusado a Martín de acudir a la ciudad «a insultar» y llamar «racistas» a las autoridades municipales y también a la Comunidad de Madrid, representada en la Junta Local de Seguridad por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

Piquet ha insistido en que esta es la primera ocasión en que Martín acude a una Junta Local de Seguridad en la ciudad y que, quizás fruto del «desconocimiento» o de la «soberbia», no quería hablar del dispositivo para las fiestas, sino centrarse directamente en el contexto de seguridad general.

La alcaldesa ha evidenciado así que no existe diálogo ni «lealtad institucional» por parte de un Martín que «se limita a insultar a los gobernantes de la ciudad de Alcalá de Henares y también a los vecinos». Durante el resto de su intervención, Piquet ha reprochado a Martín haberle llamado «racista» y ha puesto en duda los datos de criminalidad por parte de residentes del centro ofrecido por el delegado.

Durante su intervención, Martín ha señalado que desde finales de 2023, los residentes del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares se han visto involucrados en 16 delitos, entre los que se incluye la agresión sexual de finales de junio.

Esto representa una tasa de criminalidad 45 veces menor que los delitos cometidos por los habitantes de Alcalá, si bien Piquet ha reprochado a Martín que no haya brindado más datos al respecto, señalando que hay actitudes inapropiadas de los residentes del CAED que no son denunciadas.

Según la alcaldesa, algunos inmigrantes muestran vídeos pornográficos a los viandantes, muestran sus genitales en la vía pública o tienen actitudes de acoso a mujeres que no siempre terminan en denuncia.

El delegado acusa a la Comunidad

Por su parte, el delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento a Piquet, y al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, a que sus instituciones colaboren para «apagar los discursos de odio» que vinculan la inseguridad a la inmigración.

Martín ha incidido en la importancia de «no errar el tiro» sobre dónde residen los problemas de seguridad de la ciudad, y ha recordado que desde que el Centro de Acogida abrió sus puertas en noviembre de 2023, se han cometido unos 16 delitos por parte de los residentes, incluida la agresión a una joven presuntamente por parte de un inmigrante que habita en el centro.

Así, el delegado ha especificado que el resto de delitos cometidos por residentes del CAED son de menor gravedad, y entre ellos se incluyen casos de resistencia a la autoridad, robos con violencia, allanamientos, estafas y hurtos; y ha precisado que en todos los casos se ha activado un expediente de expulsión.

«Si distraemos la vista hacia ese único punto, estamos haciendo un flaco favor a los alcalaínos», ha señalado el delegado tras una reunión de la Junta Local de Seguridad de Alcalá de Henares «de la que Cervantes podría haber escrito un sainete». En su llamamiento a la calma, Martín ha apelado a Piquet y Novillo a «abandonar la caja de cerillas de su jefa», en alusión a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y «ayudar a sostener la manguera».

Además, el delegado ha aseverado que «Madrid no se merece estar gobernada por los ultras», y ha exigido también una condena no solo por los altercados en Alcalá de Henares, sino también por lo ocurrido en los últimos días en la localidad murciana de Puerto Pacheco; y también una defensa de las autoridades locales y autonómicos del trabajo de la Policía Nacional.