El reconocido arquitecto, Joaquín Torres
Madrid
Denuncian al arquitecto Joaquín Torres por explotación laboral y daños en propiedad ajena en edificios de Madrid
El uso del inmueble era estrictamente residencial para un trabajador de la empresa. Sin embargo, una inspección municipal constató que lo explotaban como alojamiento turístico
El arquitecto Joaquín Torres, conocido por proyectos de gran visibilidad en la capital, se enfrenta a una querella criminal interpuesta en los juzgados de Madrid por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y daños en propiedad ajena. La demanda también incluye al socio del arquitecto, Rafael Llamazares, y contra las sociedades A-Cero Torres y Llamazares S.L.P. y Torzares S.L.
Según el escrito al que ha tenido acceso El Debate, los hechos se remontan a marzo de este año, cuando se firmó un contrato de arrendamiento entre una entidad y la mercantil A-Cero Torres y Llamazares S.L.P. para el piso situado en la Plaza de Chueca, número 8.
El uso del inmueble era estrictamente residencial para un trabajador de la empresa. Sin embargo, una inspección municipal constató que el inmueble estaba siendo explotado como alojamiento turístico, lo que derivó en un acta de infracción urbanística y en la orden de cese de la actividad irregular.
El querellante sostiene que el huésped, con visado de estudios y sin permiso de trabajo, no residía de forma habitual en el inmueble, sino que desempeñaba funciones de gestión de entradas, salidas y limpieza de los turistas.
El documento señala que este esquema se habría repetido en otros pisos de Madrid –entre ellos en Gran Vía 78, Espoz y Mina 5 o Conde de Romanones 2–, mediante contratos que simulaban ser arrendamientos residenciales para trabajadores que en realidad eran empleados en condiciones precarias y sin alta en la Seguridad Social.
La querella apunta a un presunto entramado laboral irregular, con trabajadores extranjeros contratados sin permisos ni cotizaciones, que realizaban largas jornadas de intendencia en los pisos turísticos. Según el escrito judicial, la empresa mantenía a los trabajadores de forma rotatoria para minimizar el riesgo de denuncias.
Además, el escrito denuncia daños en las viviendas alquiladas. En el piso de Chueca, originalmente con dos habitaciones y dos baños, se ejecutaron obras estructurales sin consentimiento del propietario: se levantaron nuevos tabiques y se reformó la distribución para crear cinco dormitorios con baño propio.
El texto asegura que en Gran Vía 78 se produjo una transformación similar, con ocho habitaciones en total, todas destinadas a alquiler turístico. Estas reformas, realizadas sin licencia conocida, habrían alterado la configuración original de las propiedades y generado un perjuicio patrimonial directo al dueño.
El reconocido arquitecto, Joaquín Torres
La acusación considera que los hechos encajan en dos figuras penales: un delito contra los derechos de los trabajadores, recogido en los artículos 311 y 312 del Código Penal, y un delito de daños en propiedad ajena, previsto en el artículo 263.
El primero de ellos se argumenta en que se impusieron condiciones laborales ilegales a empleados vulnerables, aprovechando su situación de necesidad y su falta de documentación laboral. En el segundo, se subraya la intencionalidad de las obras no autorizadas, que habrían deteriorado y desvalorizado las viviendas arrendadas.
El demandante solicita al juzgado la declaración como imputados de Torres y Llamazares, así como la comparecencia como testigos de varios de los trabajadores implicados. También reclama medidas cautelares inmediatas, entre ellas la clausura temporal del piso de Chueca, la incautación de equipos y documentos relacionados con la actividad turística.
La demanda concluye subrayando la «sistematicidad delictiva» de los acusados, que, según el escrito, habrían repetido este modus operandi en distintas viviendas de la capital, con un patrón de explotación laboral y daños patrimoniales.
