La reacción de Ayuso al recurso judicial por la lista de objetores: «Solo un dictador puede obligarles»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que únicamente «un dictador» puede forzar a los profesionales sanitarios a «actuar contra su voluntad», en alusión directa a la intención del Gobierno central de presentar un recurso contra el Ejecutivo autonómico por no haber creado el registro de objetores de conciencia en materia de aborto, tal como estipula la Ley Orgánica 1/2023.

La respuesta de Ayuso se ha producido tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien comunicó a través de su cuenta en la red social X que el Ejecutivo había encargado a la Abogacía del Estado interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La razón: la negativa de la Comunidad de Madrid a poner en marcha dicho registro, de carácter confidencial, tal como exige la legislación vigente.

Desde sus redes sociales, la presidenta madrileña ha salido al paso defendiendo que su Gobierno «va a proteger el derecho a la objeción de conciencia» de los profesionales sanitarios. En la misma publicación, ha criticado al PSOE de Castilla-La Mancha por haber derivado, según sus palabras, hasta 2.000 abortos a Madrid durante el año anterior.

Sánchez, por su parte, ha lamentado públicamente que la Comunidad de Madrid derive «más del 99%» de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas, lo que en su opinión transforma un derecho esencial en «un negocio». Así lo ha afirmado también en su perfil de X, reforzando la posición del Gobierno en defensa de una sanidad pública que garantice el acceso a este tipo de intervenciones.

En este contexto de confrontación institucional, el posicionamiento de Ayuso ha sido tajante. La dirigente regional ha reiterado que su administración continuará defendiendo a quienes, desde el ámbito sanitario, opten por no participar en procedimientos que vayan contra sus convicciones personales. «Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren», ha subrayado.

Las declaraciones de Fátima Matute

De la misma manera, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha afirmado este lunes que el Gobierno regional no permitirá que se hagan públicos los nombres de los profesionales sanitarios que han ejercido su derecho a la objeción de conciencia frente al aborto, aduciendo razones «éticas, morales, religiosas o filosóficas».

En este sentido, ha sido tajante al declarar que «nadie va a obligar» a la Administración autonómica a divulgar dicha información, y ha garantizado que el Ejecutivo madrileño «defenderá» ante los tribunales a los facultativos que hayan optado por objetar.

De hecho, ha cargado especialmente contra Mónica García, a quien ha reprochado que utilice su cargo «únicamente para beneficio propio» y con un interés político centrado en «intentar llegar a la Comunidad de Madrid».