Sánchez alardea en redes de su denuncia contra Ayuso: «Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales»

La persecución a Isabel Días Ayuso y al aborto por parte del Gobierno ha llegado a los tribunales. Así lo ha expresado este lunes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien, dando luz verde a los deseos de Mónica García, ministra de Sanidad, ha anunciado que ya se han iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid a ante la justicia por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto.

A primera hora de la mañana, Sánchez ha publicado en su cuenta de X que la Comunidad de Madrid deriva ya «más del 99 % de los abortos a clínicas privadas». Algo que considera «un derecho esencial, convertido en negocio». Por eso, hoy mismo, ha proseguido en su publicación, el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar «un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Madrid».

Tras el anuncio, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aseverado que lo que hacen es defender «el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia». Asimismo, ha revelado que solo un dictador les puede obligar «a hacer lo que no quieren hacer». Además, ha garantizado que «el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado».

En un comunicado, el Gobierno ha explicado que inicia acciones legales porque la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se niega a cumplir la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que obliga a las comunidades autónomas a crear un registro confidencial de objetores de conciencia con la finalidad de organizar los servicios médicos para garantizar el derecho al aborto.

Esta medida no es nueva. Tampoco ha pillado por sorpresa a Ayuso, quien a principios de noviembre recibió la noticia de que la titular de la cartera de Sanidad había enviado un requerimiento formal a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid para que le remitieran «de forma inmediata» los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix de los últimos cinco años.

Así, durante la información, la anestesista apuntó que en caso de no recibir los datos el plazo marcado por Sanidad –que es de un mes–, el siguiente pasó sería «un contencioso-administrativo». Sin embargo, el Gobierno se ha saltado sus palabras, y no ha dado ni quince días a Madrid, único territorio que no ha puesto en marcha los registros.

Defenderán a los sanitarios

Tras las acusaciones de Sánchez y García, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha subrayado este lunes que «nadie va a obligar» a la Comunidad a publicar los nombres de los profesionales objetores del aborto por «cuestiones éticas, morales, religiosas o filosóficas» y ha asegurado que «defenderá» a los sanitarios en los tribunales y su derecho de conciencia.

Por último, ha criticado el papel de la ministra, ya que solo usa «la política para beneficio propio» y quiere «intentar llegar a la Comunidad de Madrid».