La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al Consejero de Educación, Emilio Viciana
Ayuso recurre ante el Supremo el Decreto de Universidades de Sánchez «por arbitrario y falto de consenso»
El Gobierno regional acusa al Ejecutivo central de haber elaborado este escrito sin ningún tipo de negociación o consenso y atacar las competencias
La Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto de Universidades del Gobierno central, al considerarlo arbitrario, ir contra la seguridad jurídica, elaborarse sin ningún tipo de negociación o consenso y atacar las competencias en esta materia de las comunidades autónomas.
El Consejo de Gobierno tiene previsto recibir este miércoles un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional contra esta norma que, además, limita injustificadamente la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución Española.
El recurso sostiene que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las Comunidades Autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado solo debe fijar la normativa básica.
Sin embargo, este Real Decreto, según el Ejecutivo autonómico, supera ese marco básico y deja muy poco margen a las regiones para regular por su cuenta.
La norma estatal incorpora requisitos como exigir a los centros un mínimo de 4.500 estudiantes, que el Gobierno regional considera arbitrario, y que en ningún caso responden al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas.
Asimismo, el proyecto ha sido tramitado con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas.
Fachada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense
El procedimiento para la constitución de nuevas universidades y centros universitarios de la Comunidad de Madrid establece controles muy rigurosos que garantizan la excelencia de los proyectos aprobados.
Además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia en la que está trabajando la Consejería de Educación incorporará mejoras a estos trámites, siempre en el marco de las competencias regionales.
En octubre de este año la presidenta Isabel Díaz Ayuso calificó este decreto de «otra pura arbitrariedad, porque se ataca a la libertad de empresa, a la libertad educativa, a la libertad de expresión, se acaba con la seguridad jurídica, se ataca las competencias legítimas de cada comunidad autónoma, de las autonomías como tal».
Ayuso comentó que «al mismo tiempo está hecha a medida de los nacionalistas, una vez más. Aquí la Comunidad de Madrid es perfectamente perjudicada, pero no es la única región. Y como estamos al servicio de España y de su Estado de derecho, tenemos que alzar la voz».
Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense
«Se acaba con la seguridad jurídica, se ataca a las competencias legítimas de cada comunidad autónoma y de las autonomías como tal. Y al mismo tiempo está hecha a medida de los nacionalistas una vez más», explicó.
El nuevo real decreto establece que, a partir de ahora, será necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.
En España en estos momentos hay once agencias de calidad, que son independientes y autónomas: La ANECA y diez agencias en las comunidades autónomas. Todas ellas forman parte de la Asociación Europea de Agencias de Calidad.
