Presión a los colegios de Rivas para exigir al Gobierno de Ayuso climatización a cambio de aerotermia

Directores y consejos escolares denuncian un «chantaje» del Ayuntamiento comunista de Rivas Vaciamadrid, que condiciona la instalación de sistemas de climatización a que los centros reclamen formalmente a la Comunidad de Madrid una competencia que el propio Consistorio había anunciado asumir.

El conflicto por la climatización de los colegios públicos de Rivas Vaciamadrid ha escalado en las últimas semanas tras la decisión del Ayuntamiento de exigir a los consejos escolares que reclamen formalmente a la Comunidad de Madrid la instalación de sistemas de climatización como condición previa para que el propio Consistorio acometa las obras mediante aerotermia.

Según ha podido saber El Debate, varios directores de centros públicos del municipio han trasladado su malestar por la presión ejercida desde el Ayuntamiento, que ha llevado a los colegios un documento ya preparado para que fuera firmado por los presidentes de los consejos escolares en el que se solicita a la Consejería de Educación que asuma la climatización de los centros por tratarse de una competencia autonómica.

La situación ha generado una profunda inquietud en las direcciones escolares, que consideran que se les está utilizando en un pulso político entre administraciones y que la exigencia supone, en la práctica, un «chantaje»: o se firma la reclamación a la Comunidad de Madrid o no se instala la aerotermia prometida por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Rivas anunció en diciembre de 2025 que la climatización de los colegios públicos se abordaría con cargo al presupuesto municipal de 2026, asumiendo una inversión que permitiría dotar a los centros de sistemas de aerotermia para hacer frente a las temperaturas extremas que se registran cada vez con más frecuencia en las aulas.

Sin embargo, ahora el Consistorio ha condicionado esa actuación a que los consejos escolares suscriban un acuerdo en dos direcciones: aceptar la intervención municipal mediante aerotermia y, de forma paralela, reclamar formalmente a la Comunidad de Madrid que ejecute la climatización por ser la administración competente en materia de infraestructuras educativas.

El documento, que el Ayuntamiento llevó ya redactado a los centros, incluye una reclamación detallada ante la Consejería de Educación por la «ausencia de condiciones térmicas adecuadas».

Hay que destacar que los consejos escolares no tienen entre sus funciones dirimir o determinar competencias de las administraciones ni el ayuntamiento tiene derecho a irrumpir en los mismos con cuatro personas ajenas al consejo escolar para intentar presionarles con la intención de que suscriban un documento bajo la amenaza de que firmarlo es condición sine qua non para que les instalen la aerotermia, algo que supone un claro chantaje.

Aulas por encima de los 30 grados

En el escrito, que han aprobado algunos centros bajo una fuerte presión, se describe una situación que se repite en numerosos centros: temperaturas superiores a los 30 grados en aulas y dependencias durante los meses de mayo, junio, septiembre y octubre, con episodios cada vez más frecuentes de calor extremo.

El texto señala que estas condiciones superan los límites establecidos en el Real Decreto 486/1997, que fija para trabajos sedentarios un rango de entre 17 y 27 grados, y alerta de los efectos sobre la salud, el bienestar y la capacidad de concentración tanto del alumnado como del personal docente.

Las medidas paliativas adoptadas por los centros, ventiladores, ventilación cruzada, reorganización de espacios o reducción de actividad física, son calificadas de insuficientes para resolver un problema que se define como estructural.

La reclamación incorpora también un argumento de peso: el requerimiento realizado por la Inspección de Trabajo a la Consejería de Educación en septiembre de 2025, tras constatar durante el verano que en muchos centros educativos de la región se habían superado los límites de temperatura establecidos.

Aceptación forzada

En paralelo a la reclamación autonómica, el acuerdo plantea la conformidad del consejo escolar con la instalación de aerotermia por parte del Ayuntamiento, aceptando incluso que en una primera fase no se retiren los radiadores actuales y asumiendo posibles retrasos, incidencias y molestias derivadas de las obras durante la actividad lectiva.

No obstante, varios directores aseguran que la aceptación de estas condiciones no ha sido libre, sino fruto de la presión municipal y del temor a quedarse sin ninguna solución frente al calor en las aulas.

Denuncia del PP

Desde el Partido Popular de Rivas Vaciamadrid, denuncian la intromisión y el chantaje del Ayuntamiento que, una vez más intenta meter las manos en los colegios, lo que supone una injerencia en la autonomía de los centros educativos, intentando manipularles e involucrarles en cuestiones políticas.

Su portavoz, Janette Novo, ha manifestado que «el Gobierno de Aída Castillejo no puede hacer propaganda política anunciando una inversión municipal para la climatización de los colegios y por la puerta de atrás entrar a los consejos escolares y chantajearles con la firma de una reclamación a la Comunidad de Madrid si quieren aerotermia».

En este sentido, Novo remarca que «otros ayuntamientos como Arganda del Rey o Torrejón de Ardoz están climatizando sus colegios porque son edificios municipales, que hoy son colegios, pero en función de las necesidades del municipio, si en unos años disminuye la natalidad y la población envejece, pueden reconvertirse en centros de mayores, por ejemplo, pero seguirán siendo edificios propiedad del Ayuntamiento, por tanto, es el responsable de asumir la climatización».

Así, concluye subrayando que «en cualquier caso, a quien no corresponde dirimir esta cuestión es a los profesores, a los directores ni a los consejos escolares, que no deben ser utilizados por el Ayuntamiento para la confrontación entre administraciones. Una vez más exigimos al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid la despolitización de los colegios y que se abstenga de presionar a los directores y equipos docentes de los centros educativos cuya labor deben ejercer con independencia y sin injerencias políticas».