Reaparece en una televisión de Miami el acusado del triple asesinato de Usera (Madrid): «No hay ninguna prueba»

De origen venezolano y exmarine estadounidense, estuvo destinado —entre otros lugares— en Irak. Fue condenado en Caracas por matar a tres personas en España en 2016 y ha reaparecido el 4 de febrero en una entrevista en Telemundo Miami tras su polémica salida de la cárcel en un intercambio de presos entre EE.UU. y Venezuela el año pasado. Su nombre es Dahud Hanid Ortiz.

Hace 10 años Hanid Ortiz tenía como objetivo un abogado, cuyo despacho se situaba en el barrio madrileño de Usera. Sin embargo, el desenlace no fue el que esperaba, matando a las tres personas que encontró en el camino: dos trabajadoras cubanas, Elisa Consuegra y Maritza Osorio, y un cliente ecuatoriano. No contento con ello, incendió el despacho de su objetivo.

Durante la entrevista niega haber asesinado a nadie y denuncia el «daño psicológico y físico» que sufrió durante los siete años que estuvo recluido en las cárceles venezolanas. «Me violaron, me electrocutaron con una batería de un coche y me partieron el cuello». Lamentaba la condena pese a tener una testigo que estaba con él a las 22:00 en Alemania el día del suceso «a 2.500 km de distancia» y la ausencia de «pruebas científicas» para situarle en el lugar de los hechos.

Víctor Salas, abogado peruano al frente del bufete, mantenía un enfrentamiento personal por su relación con la exmujer de Dahud. La policía alemana avisó a Salas de que su agresor había sido puesto en libertad. Y desde entonces, el miedo ha vuelto.

«Juró matarme. Es un psicópata. Y ahora puede hacerlo», ha asegurado Salas, que sigue bajo vigilancia por si Dahud decide volver a buscarle. La víctima teme que regrese a España y termine lo que empezó hace casi una década. Sin tapujos, ni miedos se dirige al Gobierno: «Que por favor enmienden este error, porque todavía se puede hacer algo. No podemos permitir que quede impune el asesino de tres personas».

¿Por qué ha quedado libre?

Venezuela liberó a 10 reos estadounidenses y residentes permanentes a cambio de recibir a decenas de migrantes que Estados Unidos deportó a El Salvador meses atrás por la dura política migratoria de la Administración de Donald Trump.

Los venezolanos habían estado detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megaprisión salvadoreña que fue construida para albergar a presuntos pandilleros en la guerra de Bukele contra las bandas del país.

Allí se encontraba Ortiz, entre esos 10 presos, sin remordimiento ninguno. Llegó por la noche a la base de San Antonio, saludando, con apenas dos bolsas por equipaje, y una gran sonrisa en el rostro. Todo por un acuerdo de liberar a estos presos estadounidenses, a cambio de 250 presos venezolanos. «No existe expediente que indique que fue preso político o espía americano», denunciaba Víctor Salas.

La prueba de que el expresidente socialista participó como mediador en el histórico intercambio de presos es un vídeo que fue publicado por el dictador venezolano, Nicolás Maduro. En la grabación, Zapatero comentaba por teléfono esta «gran decisión» y se mostraba «muy feliz, muy satisfecho y muy agradecido», mientras que Maduro le invitaba a que «pronto visite el país» para que pueda «como siempre apoyar a los procesos de diálogo». «Eso está hecho», respondía Zapatero, que agregaba: «Ya me preparo».

Un conflicto diplomático con Venezuela y España

El juicio se inició por cuarta vez en marzo de 2023 y se desarrolló con aparente normalidad durante los meses siguientes. Todo estaba preparado para que el 20 de diciembre tuviera lugar el acto formal de lectura de la sentencia, un momento clave del proceso judicial. No obstante, ese día se produjo un hecho inesperado que alteró por completo el calendario previsto: Dahud Hanid-Ortiz, quien debía ser trasladado desde la prisión por efectivos policiales, no compareció ante el tribunal. Esta ausencia generó una notable incertidumbre tanto en la sala como entre las partes implicadas. Posteriormente se conoció que, en un intento de última hora, las autoridades venezolanas habían tratado de expulsar al exmarine con destino a España. De hecho, el reo llegó a embarcar en un avión rumbo a Madrid, pero finalmente las autoridades españolas rechazaron su traslado y le impidieron la entrada en territorio nacional.

Esta situación coincidió, además, con una decisión adoptada por el juez de Madrid que había instruido el caso en su fase inicial. Al considerar que el acusado ya había sido juzgado, pese a que todavía no se había hecho pública la sentencia, el magistrado optó por desactivar la orden internacional de detención que pesaba sobre el exmarine. A pesar de ello, los agentes de Interpol en Venezuela procedieron a su reclusión en un centro de extranjería, donde permaneció retenido de manera preventiva. Esta medida se mantuvo hasta que, finalmente, el tribunal volvió a convocar el acto de lectura de sentencia, reactivando así el desenlace judicial del caso.