Madrid critica la ley que frenará las privatizaciones sanitarias y recuerda que no tendrá efecto sobre las concesiones ya existentes

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, con el principal objetivo de frenar la gestión privada de la sanidad pública. Una ley que desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso califican de «anti-Madrid».

La consejera de Sanidad autonómica, Fátima Matute, ha criticado este martes, poco antes de que esa aprobación se haga efectiva, una ley que se ha «movido con oscurantismo» puesto que, ha revelado, ha tenido conocimiento de la misma por los medios de comunicación afines al Ejecutivo central que la han adelantado esta mañana. Además, ha asegurado que esta no tendrá efectos sobre las concesiones ya existentes, por lo que sus efectos reales sobre el modelo ya implantado en la Comunidad de Madrid serán limitados.

En este sentido ha precisado que las auditorias y controles a la gestión privada de los hospitales públicos a los que obligará la nueva legislación ya se están haciendo en Madrid «desde hace tiempo», por lo que, ha opinado, que este anteproyecto de ley no es más que un intento de la ministra de Sanidad, Mónica García, de «tapar su ineficiencia».

Así, ha recordado que el próximo sábado 14 de febrero los sindicatos médicos han convocado una manifestación en Madrid para protestar por el borrador del Nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Además, a partir del próximo 16 de febrero hay convocado un nuevo paro nacional indefinido de médicos y facultativos. Una medida que, han anunciado los profesionales de la salud, se mantendrá hasta que el Ministerio de García escuche sus demandas y cree un Estatuto Marco digno para facultativos. Se hará «una huelga por mes», han adelantado.

Por ello, Matute ha instado a la ministra a ponerse a trabajar en el Estatuto Marco, en lugar de tratar de tapar su, a su juicio, ineficiente gestión con esta ley «anti-Madrid». «Es lo que pasa cuando se tiene una ministra sectaria en lugar de un profesional», ha manifestado en respuesta a los medios de comunicación desde el Hospital Puerta de Hierro, donde ha visitado la Casa Renal del Servicio de Nefrología.

Carácter excepcional

El anteproyecto de ley deroga la ley de 1997 aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, que permitió el desarrollo de modelos de gestión privada. De esta forma, la colaboración con la sanidad privada pasará a tener un carácter excepcional y solo se autorizará cuando no sea posible la prestación directa por el sistema público, se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia, y se cumplan criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Uno de los ejes centrales del texto es la creación de un mecanismo de evaluación previo y obligatorio para que las comunidades autónomas puedan concertar servicios con entidades privadas. Tal y como recogen los medios afines, los gobiernos autonómicos deberán elaborar un informe que justifique la necesidad de recurrir a la colaboración público-privada, que será analizado por un comité de expertos y técnicos. Además, la ley prioriza los conciertos con entidades sin ánimo de lucro frente a empresas con fines exclusivamente comerciales.

La norma también prohíbe los contratos en los que una empresa privada asuma simultáneamente la construcción y la gestión de un hospital. En cuanto a la reversión de centros privatizados, la Alta Inspección Sanitaria podrá asesorar a las comunidades autónomas en los procesos de recuperación de servicios externalizados. Asimismo, en el plazo de un año, un grupo de expertos elaborará un informe sobre todos los casos de privatización de hospitales y centros sanitarios.

El anteproyecto incluye, además, medidas para reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y el control público del sistema sanitario. Las comunidades estarán obligadas a publicar de forma periódica información detallada sobre contrataciones, conciertos, resultados en salud y calidad asistencial. La ley no tendrá carácter retroactivo y no afectará a los conciertos, concesiones o contratos firmados antes de su entrada en vigor, que seguirán rigiéndose por la normativa aplicable en el momento de su adjudicación, tal y como ha recordado hoy la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.