El Gobierno prohibirá las privatizaciones de la gestión de la sanidad pública

El Gobierno de Pedro Sánchez prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuyo principal propósito es limitar la privatización sanitaria y reforzar el control del gasto en los hospitales públicos gestionados por empresas privadas. Según han adelantado la Cadena SER y RTVE, el anteproyecto deroga la ley de 1997 aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, que permitió el desarrollo de modelos de gestión privada.

Con la nueva norma, la colaboración con la sanidad privada pasará a tener un carácter excepcional y solo se autorizará cuando no sea posible la prestación directa por el sistema público, se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia, y se cumplan criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Uno de los ejes centrales del texto es la creación de un mecanismo de evaluación previo y obligatorio para que las comunidades autónomas puedan concertar servicios con entidades privadas. Tal y como recogen los medios afines, los gobiernos autonómicos deberán elaborar un informe que justifique la necesidad de recurrir a la colaboración público-privada, que será analizado por un comité de expertos y técnicos. Además, la ley prioriza los conciertos con entidades sin ánimo de lucro frente a empresas con fines exclusivamente comerciales.

La norma también prohíbe los contratos en los que una empresa privada asuma simultáneamente la construcción y la gestión de un hospital. En cuanto a la reversión de centros privatizados, la Alta Inspección Sanitaria podrá asesorar a las comunidades autónomas en los procesos de recuperación de servicios externalizados. Asimismo, en el plazo de un año, un grupo de expertos elaborará un informe sobre todos los casos de privatización de hospitales y centros sanitarios.

El anteproyecto incluye, además, medidas para reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y el control público del sistema sanitario. Las comunidades estarán obligadas a publicar de forma periódica información detallada sobre contrataciones, conciertos, resultados en salud y calidad asistencial. La ley no tendrá carácter retroactivo y no afectará a los conciertos, concesiones o contratos firmados antes de su entrada en vigor, que seguirán rigiéndose por la normativa aplicable en el momento de su adjudicación.