La Justicia ordena a Madrid iniciar «de inmediato» los trámites para crear el registro de objetores al aborto

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid que inicie «de inmediato» los trámites para la creación del registro médicos de objetores del aborto, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechaza poner en marcha, informa Efe.

Fuentes del Ejecutivo madrileño han matizado que el TSJM sólo acepta la medida cautelar e insta a iniciar los trámites, pero «no entra aún en el fondo del asunto». Además, adelantan que recurrirán esta medida cautelar en reposición y recuerda que la región «ya está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo».

«En la Comunidad de Madrid, creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican abortos», aseguraba el pasado mes de noviembre la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, en medio de la polémica desatada por la negativa de Madrid a crear ese registro, previsto en la ley del aborto.

«Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie y, desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población», agregó, en línea con las numerosas manifestaciones de la propia Isabel Díaz Ayuso en ese mismo sentido.

Sin embargo, este lunes se ha conocido que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Ejecutivo madrileño de aplicar ese extremo de la ley del aborto.

El tribunal especifica que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente.

El Ministerio de Mónica García recurrió a la vía judicial porque Madrid se erigió como la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores.

García ha mostrado este lunes su satisfacción por lo que ha calificado de «victoria judicial por el derecho al aborto». «La justicia da la razón al Ministerio de Sanidad y obliga a Ayuso a garantizar el aborto en la sanidad pública. Era la única comunidad que se negaba, derivando el 99 % a la privada. Se acabó», ha escrito en sus redes sociales tras conocer la noticia.

Cabe recordar que desde el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) también se posicionaron en contra de este registro que «supone una amenaza directa contra el derecho a la objeción de conciencia, un principio consagrado tanto en la Constitución Española como en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea». A juicio del Colegio, este derecho constituye un pilar esencial de la libertad individual y profesional, que debe poder ejercerse sin temor a represalias, señalamientos ni discriminación.