Un informe jurídico de la Comunidad confirma la nulidad del contrato de seguridad «a dedo» de las fiestas de Alcorcón

La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid ha confirmado que la contratación de una empresa de seguridad para las fiestas de Alcorcón del año pasado realizada por el Ayuntamiento de la socialista Candelaria Testa fue nula de pleno derecho, al haberse llevado a cabo al margen total del procedimiento legal.

Según han trasladado fuentes del PP, el dictamen 115/26, aprobado por unanimidad el pasado 4 de marzo concluye que el Consistorio adjudicó de facto un contrato sin ningún procedimiento, a una empresa que, además, estaba incursa en prohibición de contratar.

El informe acredita que, tras declarar desierto el procedimiento, el Ayuntamiento recurrió verbalmente a la misma empresa rechazada, NCS Seguridad S.L., para prestar el servicio durante las fiestas.

La Comisión Jurídica asegura que se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal, la contratación verbal está expresamente prohibida y los hechos constituyen un supuesto de nulidad radical. Lo que, a juicio de los populares, desmonta el argumento de que fue un error. «Se actuó directamente fuera de la ley», aseveran.

En este sentido, la formación recuerda en un comunicado que uno de los argumentos del Gobierno municipal era que se trataba de una actuación urgente, pero la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid afirma que no existía ninguna situación de emergencia, que la falta de planificación es imputable al propio Ayuntamiento y que las fiestas eran perfectamente previsibles. Lo que reafirma la idea que no hubo urgencia, sino que hubo improvisación.

«Pese a la nulidad, el propio dictamen abre la puerta a que el Ayuntamiento tenga que pagar igualmente el servicio, pero no como contrato válido, sino como compensación por los trabajos realizados. Es decir, los vecinos de Alcorcón acabarán pagando 57.661,95 euros derivados de una actuación ilegal de su propio Gobierno municipal», sostienen desde el Partido Popular de la localidad.

La formación denuncia además que, en la Comisión de Organización Interna del pasado día 20 de marzo, donde se abordó el reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar esta operación, el Gobierno municipal se negó a dar más información y a responder a otra de las preguntas clave: «¿Quién dio la orden de llamar o quien realizó esta llamada que incumple, como ha quedado reflejado, la ley?».

En declaraciones de Roberto Marín Vergara, presidente y portavoz del Partido Popular de Alcorcón, «el informe de la Comunidad de Madrid confirma lo que denunciamos en febrero: no fue un error administrativo, fue una gestión temeraria del dinero de todos los vecinos, y eso es gravísimo».

En este sentido, ha exigido al Gobierno municipal que aclare «quién dio la orden de levantar el teléfono y encargar este servicio saltándose la ley y qué responsable político o técnico asumió esa decisión».

Asimismo, ha subrayado que «no cuestionamos la necesidad de reforzar la seguridad durante las fiestas, sino la forma en la que se actuó», y ha advertido de que «continuaremos exigiendo responsabilidades políticas y todas las explicaciones necesarias para garantizar la legalidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos». «No vamos a permitir esta forma de actuar: un contrato adjudicado a dedo, declarado ilegal por la propia Comunidad de Madrid y que ahora pretenden pagar sin que nadie explique quién tomó esa decisión», ha concluido.