Ayuso acusa a Sánchez de tener «secuestrados» 12.367 millones de los madrileños por la falta de Presupuestos

En octubre del año pasado, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cifró en 10.500 millones de euros la deuda consolidada que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantenía con Madrid. Una cifra que, siete meses después, lejos de reducirse, se ha elevado hasta los 12.367 millones.

Esta cifra corresponde, según apuntan desde la consejería de Economía, Hacienda y Empleo, a servicios públicos, prestaciones y compromisos legales no atendido, todo ello influido por la falta de Presupuestos del Gobierno central, que suma tres años consecutivos sin aprobar unas nuevas cuentas.

En concreto, el grueso de la deuda se concentra en Medio Ambiente, consejería a la que debe 1.580 millones del tercer ciclo del Plan Hidrográfico del Tajo y 1.200 de las obras pendientes de las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales de La China, Butarque y Sur.

Además, por el incumplimiento de la Ley de Dependencia, que obliga al Estado a financiar el 50 % del sistema -y tan sólo cubre el 27,9 %-, Sánchez debe a Madrid otros 2.668 millones desde 2019.

El resto de la deuda se reparte en 6.276 a la consejería de Economía, 4.513 al Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023, 765 al retraso de entregas a cuenta de 2026 y 993 de la infrafinanciación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Por último, completan esos 12.367 millones los 417 que debe el Gobierno central al Consorcio de Transportes, 149 a Sanidad, 61 a Justicia y 10 a Educación. Todos estos impagos representan el 40 % del total del presupuesto autonómico para 2026.

«Es una situación financiera insostenible; la asfixia a la que nos está sometiendo el Gobierno central cada día es más acuciante», denuncian fuentes de la consejería de Economía madrileña que matizan que si Madrid funciona «no es gracias al Gobierno, sino a pesar de».

Desde el departamento que lidera Rocío Albert alertan de que gobernar sin Presupuestos, como viene haciendo Sánchez en los últimos tres años, «tiene unas consecuencias muy graves para las comunidades autónomas» que se traducen, por ejemplo, en que todos los años se están encontrando faltas en las entregas a cuenta.

En este sentido, recuerdan que con la excusa de esa falta de Presupuestos, el Gobierno central no actualiza las entregas a cuenta, que suponen el 77 % de los ingresos autonómicos. Así, Madrid en concreto, está percibiendo una cantidad «sensiblemente inferior» de la que le corresponde, 129 millones menos al mes entre enero y marzo y 376 millones a partir de abril. La merma acumulada, según los datos de la consejería, supera los 750 millones, a los que se añaden otros 4,7 millones entre intereses pagados por esa financiación de emergencia y la rentabilidad perdida.

Respecto a esas entregas a cuenta, el Gobierno autonómico se pregunta por qué no se aprueban mediante un Real Decreto técnico, en lugar de meterlas, como hicieron el año pasado, en un decreto ómnibus que terminó decayendo porque incluía otras cuestiones completamente ajenas a ese extremo. «Si lo aprobabas, tenías que estar a favor de la okupación», resumen.

«Este año ha vuelto a suceder, y vamos a tener que financiarnos a corto para no privar a nadie de los servicios públicos», lamentan esas mismas fuentes. «El dinero de los madrileños está secuestrado», aseveran.

Y es que, además, tras el decaimiento de esa segunda norma que incluía una prórroga de las entregas a cuenta de 2025, la situación ha empeorado todavía más porque «al no estar vigente ninguna disposición que actualice esos importes, las entregas se están llevando a cabo actualmente según lo previsto en el último Presupuesto aprobado, el de 2023, lo que se traduce en una caída adicional muy notable».

Carta al ministro de Hacienda

Sobre esta problemática, Rocío Albert mandó una carta Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda -en sustitución de María Jesús Montero que abandonó la cartera para ser la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del próximo domingo-, de la que todavía no ha recibido respuesta.

En la misiva, fechada el pasado 29 de abril, Albert, después de darle la enhorabuena por su nuevo puesto, expone que «no existe ningún impedimento jurídico para que el Gobierno apruebe un real decreto-ley cuyo único objeto sea la actualización de las entregas a cuenta a las cantidades comunicadas para 2026». Y añade que «es lo que, de acuerdo con el Sistema de Financiación Autonómica vigente, se debiera transferir a las comunidades autónomas y, por tanto, no cabe ampararse en ninguna otra cuestión política o presupuestaria para continuar reteniéndolo».