La Audiencia Nacional paraliza el intento de Sánchez de vincular la sede del Gobierno de Ayuso con el franquismo

La Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelar el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez que declaraba la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo madrileño, «lugar de memoria democrática» por el papel que desempeñó durante la dictadura de Francisco Franco, siendo la Dirección General de Seguridad (DGS), donde se produjeron torturas «por motivos políticos e ideológicos» a opositores al régimen.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en octubre del año pasado, porque apreciaba un daño en su imagen institucional.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados consideran que «no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa».

«Toda vez que cabe la hipótesis de que se genere un efecto adverso en la imagen institucional de la Comunidad de Madrid, la medida cautelar solicitada se evidencia como pertinente», agregan.

Desde la Puerta del Sol han mostrado su satisfacción por «un fallo contra el sectarismo de Pedro Sánchez» que mantiene la Real Casa de Correos «como espacio de libertad y como casa común de todos los madrileños y de todos los españoles».

El Gobierno presentó el pasado 28 de octubre la presentación de este recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, basándose en que el expediente con el que sustentaban desde Moncloa esa declaración había caducado, al haber pasado más de un año desde su incoación y hasta la publicación de la decisión.

Hay que recordar que la Comunidad de Madrid ya presentó también un recurso en el Tribunal Constitucional por lo que consideraron un atropello a las competencias del Gobierno regional. Desde el Ejecutivo regional aclararon entonces la compatibilidad de ambos recursos, puesto que uno se basa en la invasión de competencias y otro en que el recurso está caducado.

Además de sendos recursos, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también ha trató de frenar esa declaración como «lugar de memoria democrática» con un documental en el que los expresidentes autonómicos Joaquín Leguina, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes coinciden en que la Real Casa de Correos es mucho más que la antigua sede de la DGS franquista.

Desde los Levantamientos del 2 de mayo de 1808 a la proclamación de la Segunda República, el edificio también ha sido sede del Ministerio de la Gobernación del Frente Popular durante la Guerra Civil o Dirección General de Seguridad durante el franquismo, algo que no obvia el documental, que reconoce que ahí se realizaron terribles torturas. Sin embargo, pone el foco, a través de todos los testimonios de quienes aparecen en el vídeo, en que eso no define un edificio cuya historia es mucho más.

Además, opinan que resignificarla de ese modo sería una forma de «borrar la transición» y de resucitar el «guerracivilismo» y el «enfrentamiento entre españoles». Para el escritor Andrés Trapiello, que presta también su testimonio, sería un «disparate» recordar el edificio por sólo una de las muchas etapas que ha vivido cuando, además, Leguina recuerda que cuando se decidió instalar ahí la presidencia de la Comunidad de Madrid se hizo con la intención de acabar con el estigma del edificio.

El Gobierno recurrirá

En un mensaje en redes sociales, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recalcado que se trata de una medida cautelar, no definitiva, y que la Audiencia Nacional no entra en el fondo de la cuestión.

Se recurrirá el auto porque, asegura, declarar lugar de memoria el edificio no afecta a los usos del mismo.

«Que la fachada recuerde lo que fue ese inmueble no interfiere en la actividad administrativa ni en la imagen institucional, y así lo argumenta uno de los magistrados con un contundente voto particular», destaca el ministro.

La decisión que tomó la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en octubre de 2025 y que recurrió el Gobierno de la Comunidad de Madrid, subraya Torres, busca hacer justicia con las víctimas que sufrieron muerte y tortura en ese lugar.

«Toda persona que se considere demócrata debería defender que sea lugar de memoria, aunque sea por humanidad. Y estamos convencidos de que así lo acabará reconociendo la Justicia. Tiempo al tiempo», concluye.