Zona donde se construirá un cantón en Montecarmelo
Suspensión cautelar
La Justicia manda paralizar las obras del cantón de Montecarmelo
La Justicia ha mandado la paralización cautelar de forma inmediata de las obras para levantar el polémico cantón de Montecarmelo, al que se oponen los vecinos de la zona y que esta misma semana había empezado a ejecutarse.
Así consta en un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se apunta a posibles vicios de nulidad en la tramitación administrativa. Por ello, el magistrado considera que continuar con el ejecución podría provocar perjuicios «de difícil reparación».
De esta forma, el auto estima la solicitud de medidas cautelares presentada por la Asociación de Afectados por el Proyecto de Instalación de un Cantón y una Base del Selur en Montecarmelo contra el decreto municipal de 3 de junio de 2025 que aprobó el proyecto técnico para la construcción del cantón.
La resolución acuerda «la suspensión de la ejecución de la obra con carácter inmediato» y establece que la medida se mantendrá hasta que exista sentencia firme o hasta la finalización del procedimiento judicial.
El juez sostiene que la parte recurrente ha planteado ya «aspectos relativos a la tramitación del procedimiento administrativo» que podrían determinar la nulidad del decreto impugnado, al vincularlo con anteriores resoluciones municipales ya anuladas judicialmente sobre la modificación del contrato de limpieza de Madrid.
Vistazo donde se ubicará el cantón de Montecarmelo
Asimismo, el auto considera que concurren elementos suficientes de «apariencia de buen derecho» para adoptar la medida cautelar sin entrar todavía en el fondo del asunto. En este sentido, apunta a la existencia de «datos objetivos muy relevantes» que podrían evidenciar una «abierta ilegalidad» del acto recurrido.
El magistrado también menciona expresamente la «actitud errática de la administración municipal» y recuerda que representantes políticos del Ayuntamiento anunciaron cambios «de singular calado» en el proyecto que, según señala la resolución, «sin embargo no se están llevando a cabo».
La resolución judicial añade que la ejecución de las obras antes de resolverse el procedimiento podría generar «consecuencias indeseables» no solo para los vecinos, sino también para las arcas públicas, ante la posibilidad de que una futura sentencia estimatoria obligara a revertir actuaciones ya ejecutadas.
Además, el juez recoge que los recurrentes fundamentan su oposición en motivos medioambientales y en la protección de los derechos e intereses de los menores de edad por la cercanía de la infraestructura a zonas residenciales y centros educativos.
Frente a esta resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque fuentes municipales han señalado a Europa Press que el Ayuntamiento acatará la resolución judicial.
