El juez autoriza a la Guardia Civil para investigar las cuentas del novio de Ayuso

El juez Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que investiguen movimientos de varias cuentas bancarias, entre ellas de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, en el marco de su investigación por presunta corrupción en los negocios por su relación con Quirón Prevención.

Se trata de una diligencia que los agentes llevaban meses esperando para continuar con sus pesquisas y que el titular de la Plaza 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid -antiguo Juzgado de Instrucción 19- ha autorizado en un auto dictado el miércoles, al que ha tenido acceso EFE este jueves, dentro de la pieza separada que investiga una supuesta comisión al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.

En concreto, el juez pide a dieciséis entidades bancarias la información de los movimientos y saldos de varias personas, entre ellas González Amador, entre el 1 de enero de 2014 y «el momento de cumplimentación de lo acordado», y ordena que se haga entrega de esa documentación a la UCO para que lo analice.

La decisión se enmarca en la pieza separada en la que el juez investiga a González Amador por un presunto delito de corrupción en los negocios y que discurre aparte del procedimiento principal, en el que el empresario está a la espera de fecha de juicio por un presunto fraude a Hacienda de unos 350.000 euros.

Detalles del auto

En su auto, el juez señala que las diligencias apuntan «de forma indiciaria y provisional» a un negocio jurídico en el que González Amador adquirió por casi medio millón de euros una empresa, Círculo de Belleza S.L., propiedad de la mujer del presidente de Quirón Fernando Camino, de la que no hay elementos que acrediten su valor, «siendo la verdadera finalidad de dicho acto satisfacer una comisión» al directivo de la empresa sanitaria.

El magistrado considera prioritario el análisis de la información bancaria, que pidió estudiar la UCO, y señala que esta diligencia tiene como objetivo construir, de manera preliminar, «el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida» y determinar así si un posible enriquecimiento pudo tener origen en los elementos que se investigan.

De esta forma, autoriza a los agentes a investigar cuentas bancarias de dieciséis entidades, aunque la Guardia Civil pidió también analizar la información tributaria y de la Seguridad Social de las personas y empresas investigadas.

Origen de la petición

La petición de la UCO para investigar las cuentas de González Amador tiene origen en auto dictado el 27 de junio de 2025 por la jueza que entonces encabezaba el juzgado, ya jubilada. La magistrada ordenó entonces que la Guardia Civil averiguase si el producto de varias actividades presuntamente delictivas «se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito».

En su petición, la magistrada aludía al incremento de ingresos obtenido por la empresa de González Amador -Maxwell Cremona- en 2020 y 2021 por la intermediación en una operación de venta de material sanitario y por la percepción de «cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente»: Quirón Prevención SL.

Y apuntaba también a la compra a la mujer del que era presidente de Quirón Prevención de una sociedad por casi medio millón de euros, en la que la Fiscalía ve una posible comisión encubierta, ya que la citada empresa «carecía de valor».

Una decisión que la defensa de González Amador recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid. No fue hasta el pasado mes de abril cuando este tribunal rechazó su recurso.

Con esa vía despejada, ahora el juez continúa con la investigación de esta pieza separada, una causa diferente al procedimiento principal, en el que González Amador está a la espera de conocer la fecha del juicio en su contra por presunto fraude a Hacienda en 2020 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.