El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González

EUROPA PRESS
14/7/2026

El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González EUROPA PRESS 14/7/2026Europa Press

La Audiencia de Madrid denuncia la situación de «absoluto colapso» al que la ha llevado el ministerio de Justicia

El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid ha acusado al departamento comandado por Félix Bolaños de «maltrato institucional»

El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, ha alertado de la situación de «absoluto colapso» que está sufriendo por el «maltrato institucional» del ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que lidera Félix Bolaños por la práctica eliminación de los planes de refuerzo.

Ha sido en la presentación de la Memoria anual de este órgano donde González ha lanzando sus críticas al ministerio por la reducción de un 90 % de los planes de refuerzo. El presidente ha definido la situación como «grave y dramática», especialmente en las jurisdicciones Civil y de Violencia sobre la Mujer (con 9.000 recursos pendientes).

«La Justicia nunca ha sido una prioridad para ningún Gobierno. Pero en Madrid, estas decisiones suponen un maltrato», ha espetado el presidente de esta sede judicial.

«Hace cinco años el Ministerio aprobaba sin problemas los planes de refuerzo y ahora, alegando motivos presupuestarios, prácticamente los ha eliminado», ha señalado. En este sentido, ha denunciado que los apoyos se han reducido un 90 por ciento y que actualmente la jurisdicción Civil solo cuenta con dos magistrados de refuerzo.

A su juicio, esta decisión «condena a la Audiencia Provincial de Madrid al colapso absoluto», con graves consecuencias para la tutela judicial efectiva de los ciudadanos en asuntos cotidianos como herencias, comunidades de propietarios, arrendamientos, defectos de construcción o conflictos bancarios. Si en 2021 un recurso civil tardaba una media de cinco meses en resolverse, actualmente el plazo alcanza ya los ocho años, un dato que ha calificado de «alarmante».

«Los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable y eso hoy no está garantizado», ha advertido, al tiempo que ha acusado al Ministerio de mantener una situación de «abandono y maltrato institucional» por razones exclusivamente presupuestarias.

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