Vista de la central nuclear de Almaraz
Madrid exige al Gobierno que autorice de inmediato la continuidad de Almaraz tras el aval técnico del CSN
El aval del Consejo de Seguridad Nuclear deja la prórroga de Almaraz hasta 2030 en manos del Gobierno de Pedro Sánchez
La Comunidad de Madrid ha reclamado este jueves al Gobierno de España que abandone su «sectarismo energético» y autorice «de inmediato» la prolongación de la vida útil de la central de Almaraz hasta el año 2030, atendiendo así al informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)en el que avala técnicamente la continuidad de sus dos reactores.
En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había impuesto dos requisitos para dar 'luz verde' a la prórroga de la central: por una parte, el pronunciamiento positivo del CSN y, por otro, el de las empresas involucradas. Ahora, con el cumplimiento de ambas condiciones, el Gobierno dar debería luz verde a la prórroga de la central, según sostienen desde Madrid.
«El Ejecutivo central no tiene otra alternativa que autorizar la prórroga», señalan desde el departamento dirigido por el consejero Carlos Novillo, que incide en que un organismo «independiente competente en materia de seguridad nuclear ha concluido que la instalación puede seguir operando con todas las garantías». «No hay excusa», añaden.
En este contexto, la Comunidad de Madrid considera que si el Gobierno central decide obstaculizar la continuidad de Almaraz, ya no podría hacerlo bajo razones de seguridad, una «excusa» que, según consideran, quedó «completamente desmontada» tras el apagón general del 28 de abril del pasado año. En su defecto, esto se debería a una decisión «exclusivamente política e ideológica».
Infraestructura estratégica
«El Gobierno debe decidir ahora si antepone la seguridad real de suministro, la competitividad de la economía y el interés general de los españoles, o si persiste en una política energética basada en prejuicios», apunta la Consejería, que destaca la central de Almaraz como una infraestructura «estratégica» no solo para la Comunidad de Madrid, sino para el conjunto del país.
En este sentido, el Gobierno madrileño incide en que el cierre podría desembocar en un encarecimiento de la factura de la luz, aumentaría la dependencia energética del exterior, debilitaría la industria y pondría en riesgo «miles de empleos», en un contexto en que la creciente electrificación de la economía requiere de una generación «firme y libre de emisiones».
«Renunciar de forma anticipada a una infraestructura estratégica solo haría a España más dependiente del gas, elevaría el coste de la electricidad para familias y empresas y restaría atractivo a nuestro país para la implantación de nuevas industrias e inversiones», han concluido desde la Consejería, que señalan que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apuesta por «una política energética seria, equilibrada y basada en el rigor técnico» que combine energía renovable y nuclear.
