Abogados, yonquis y otros peligros públicos

Conozco a un abogado que vive estos días en estado de angustia procesal. Juan le llaman. No es que le persiga la conciencia ni le hayan subido la hipoteca. Lo que le desvela es que al día siguiente debe defender a una pareja de yonquis. Bueno, a la mitad de la pareja. A ella. Él ya no comparecerá ante el juez porque se adelantó a todos los plazos judiciales posibles y falleció de una sobredosis mientras esperaba juicio.

El asunto tiene poco recorrido heroico. Una patrulla de policía los detuvo a unos quince metros escasos de una tienda cuya luna acababan de convertir en confeti. Dos mil euros de cristal destrozado para apoderarse de tres camisetas de treinta euros cada una. La rentabilidad criminal de la operación habría hecho llorar incluso a un administrativo soviético.

Cuando los agentes les echaron el guante todavía transportaban la barra metálica de la que colgaban las prendas, con sus perchas y sus etiquetas. Sólo les faltaba llevarse también el maniquí y pedir una bolsa de regalo.

Además, existen docenas de testigos del estropicio. Testigos sobrios, despiertos y con memoria. Una combinación letal para cualquier estrategia de defensa.

Juan no sabe por dónde coger el asunto. Baraja la clásica carta de la mujer sometida por una pareja dominante. El problema es que teme que semejante relato, fabricado con más remiendos que una sotana de posguerra, suene en los oídos de los jueces como un silbido lejano. A esas alturas sus señorías llevan décadas escuchando explicaciones capaces de convertir a Atila en monitor de campamento infantil.

Por fortuna para su prestigio profesional, Juan tiene otro asunto mucho más sustancioso sobre la mesa. Uno de esos sumarios relacionados con la trama de los hidrocarburos que rozan el universo de Aldama y en los que aparecen diéseles, aceites pesados, sociedades, importaciones y millones de euros moviéndose con la naturalidad con que las castañas ruedan por las cuestas de Pujerra.

El mecanismo, simplificando mucho, consiste en importar desde determinados países del Este una mezcla de diésel con aceites pesados que tributa menos al entrar en España porque oficialmente no es combustible. Luego, por arte de magia mercantil y algún prodigio administrativo, acaba siendo combustible cuando llega a las gasolineras.

Es el tipo de procedimiento judicial que nunca defenderá ante el tribunal. No porque no quiera, sino porque para cuando aquello llegue a juicio Juan ya estará jubilado, cultivando rosales o discutiendo con los albañiles de una segunda residencia. Los dos mil quinientos folios del sumario piensan heredarlos los jóvenes del bufete.

Alguno le sugirió introducir la documentación en una Inteligencia Artificial para que le elaborase un resumen. Juan rechazó la idea con energía. Dice que el expediente tiene más trampas que una película china de Fu Manchú y que la máquina podría salir más confundida que un turista alemán intentando entender la M-30.

De abogados me acordé también por una experiencia personal relacionada con mi escasísima carrera como conductor. En Irak conduje un Toyota Land Cruiser. En Madrid, un Mini auténtico, de cuando los Mini eran pequeños y no esos mastodontes bávaros que hoy responden al mismo nombre por mera nostalgia comercial.

El mío era espartano, bicolor y matrícula de Segovia. Me había costado veinticinco mil pesetas, precio que hoy apenas alcanza para invitar a unas cañas a media docena de amigos.

Con aquel coche viví mi primera refriega con el tráfico por las calles de Madrid. Hubo un golpe menor en la calle Velázquez que, según mi ingenuidad de entonces, quedó solucionado mediante un parte amistoso. El adjetivo era manifiestamente optimista.

Tiempo después sonó el teléfono fijo de mi casa. Sí, fijo. Aquellos aparatos anclados a una pared, previos a la invasión del móvil, que impedían discutir mientras uno paseaba por la cocina.

Al otro lado apareció una voz atronadora. El exaltado se presentó como abogado colegiado y acto seguido comenzó a gritar como un energúmeno. Parecía un ministro de Transportes. Exigía compensaciones económicas que incluían, según recuerdo, el oro del Banco de España, las reservas estratégicas de Suiza y las riquezas personales del sultán de Brunéi. De no satisfacer sus pretensiones, presagiaba reducirme a la nada.

Cuando por fin tomó aire para respirar, le expliqué que yo era periodista, que todavía no había desarrollado la costumbre de achantarme sin ametralladoras por medio y que, si tenía alguna reclamación, nos veríamos en los juzgados o en un descampado, pero que antes dejara de berrear al teléfono como un vendedor de pescado en plena subasta.

Otro abogado memorable apareció cuando ejercía de presidente de mi comunidad de vecinos. Nuestro edificio es tan antiguo que uno sospecha que Pérez Galdós lo utilizó alguna vez como referencia topográfica.

Había que acometer unas obras. El presidente anterior había entregado el dinero de la comunidad a un personaje que desapareció con él. Nunca pudimos determinar si había sido víctima del desfalco o colaborador ferviente del mismo.

Con semejante precedente decidí vigilar hasta el último céntimo.

La empresa constructora comenzó los trabajos y, cuando la cosa parecía avanzar, retiró a los obreros para enviarlos a otras faenas recién contratadas. A nosotros nos dejaron atrapados entre andamios, escombros y promesas. Como el contrato contemplaba una penalización de cien euros diarios por retraso, empecé a aplicarla.

Aquello produjo un fenómeno extraordinario: la reaparición instantánea del encargado, una especie de pistolero del ladrillo que llevaba semanas desaparecido.

Exigió una reunión urgente. Acudió a mis lares escoltado por un abogado que comenzó a recitar artículos del Código Civil con la misma convicción con la que algunos curanderos anuncian el fin del mundo. Según él, las llamas del infierno jurídico estaban a punto de devorarme.

Cuando terminaron de intimidar, o de intentarlo, les recordé dos detalles. El primero era que se encontraban en mi casa y que podían abandonar la misma por su propio pie o ayudados por un impulso adicional. El segundo era que la penalización figuraba literalmente en el contrato redactado por la propia constructora y firmado, sin una sola modificación, por nuestra parte, los vecinos.

Añadí, además, que el truco de abandonar una obra para correr a otra era tan viejo como las goteras y que precisamente por eso los vecinos no pensábamos regalar ni un euro.

Milagrosamente, los operarios regresaron a los pocos días.

Hay abogados excelentes, sin duda. Los hay brillantes, cultos y necesarios. Algún amigo tengo así. Pero también existe una variedad singular de letrado que aparece siempre acompañado de amenazas apocalípticas, códigos imaginarios y exigencias desproporcionadas. Son profesionales que creen que alzar la voz sustituye a tener razón.

Y eso, como saben los jueces, los periodistas y los presidentes de comunidad, casi nunca funciona. Casi. Sólo entre los tertulianos paniaguados.