El partido de Mónica García pide establecer la objeción de conciencia en los desahucios mientras la torpedea para el aborto

Más Madrid, la formación que lidera la ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado una Proposición no de Ley en la Asamblea de Madrid para pedir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que reconozca a los trabajadores públicos de la región la objeción de conciencia ante desahucios.

De esta forma, la formación exige que estos trabajadores puedan acogerse a la libertad de conciencia y negarse a participar en lanzamientos de vivienda habitual sin que tengan ninguna represalia laboral por ello.

Además, la iniciativa, que firma el diputado regional Hugo Martínez Abarca, también quiere que el Ejecutivo de Ayuso evite que cuerpos destinados a emergencias, como los bomberos, sean utilizados para ejecutar desahucios y que obligue a los ayuntamientos a que apliquen las mismas garantías a policías municipales, bomberos, sanitarios y otros trabajadores municipales involucrados en los desahucios.

Una propuesta que contrasta con la posición de Más Madrid respecto a la objeción de conciencia de los médicos a la hora de practicar abortos. En concreto, el partido ha llegado a denunciar que en la Comunidad de Madrid existe una «objeción de conciencia colectiva de los facultativos que perjudica a pacientes y limita derechos fundamentales reconocidos en la Constitución».

Una crítica derivada de que, según los datos del Ministerio de Sanidad, durante el periodo de 2010 a 2018, el Servicio Madrileño de Salud sólo realizó un 8,9 % de los abortos que se realizaron en la Comunidad de Madrid, mientras que el resto se practicó en centros privados.

«La denegación de acceso al aborto supone negar un derecho reconocido en la legislación española y despenalizado desde 2010, y es muy grave que las madrileñas deban pagar por un servicio básico acudiendo a clínicas privadas en las que, además, se ven sometidas a un acoso y hostigamiento que ha sido reconocido como delito en el Congreso de los Diputados», opinan desde la formación.

Además, la ministra de Sanidad viene presionando al Gobierno de Ayuso para que ponga en marcha el registro de objetores al aborto que contempla la última modificación de la ley del aborto. Un registro que el Ejecutivo autonómico considera una «lista negra» de médicos que, legítimamente, hacen uso de su derecho a no acabar con la vida de un no nacido.

En este sentido, el pasado 22 de septiembre Mónica García anunció que había pedido a la Abogacía del Estado que lleve a cabo «todas las medidas que sean oportunas para obligar» a Madrid a crear ese registro.

El Ejecutivo madrileño inició el pasado mes de abril los trámites para constituir este registro por estricta imposición judicial, tras meses defendiendo que no iban a crearlo. En este sentido, la consejera del ramo, Fátima Matute, avanzó que la administración autonómica iba a agotar todas las vías legales para no crear esa lista, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez llevara el asunto a los tribunales.

En el marco de esa causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Gobierno regional se vio obligado a acatar las medidas cautelares impuestas que obligaban a iniciar esos trámites administrativos para la creación del registro. Extremo que no quiere decir que necesariamente Madrid vaya a tener que crear ese registro, puesto que, tal y como vienen sosteniendo desde la Puerta del Sol, la Justicia todavía tiene que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión judicial planteada.