Profesores de buena fe, huelga de mala fe

El 8 de septiembre, la Comunidad de Madrid quedó donde nunca había estado: primera de España en dos de las tres áreas del informe PISA, con 495 puntos en ciencias y 477 en matemáticas y a tan sólo dos puntos de la región que ha quedado situada en primer lugar en comprensión lectora. Detrás de ese resultado hay miles de profesores que hacen muy bien su trabajo. Cinco semanas después, unos sindicatos que dicen representarlos los empujaron a una huelga indefinida contra el Gobierno con el que habían llegado a lo más alto.

La han llamado huelga «por la educación pública», como si quienes no llevamos camiseta verde ni colgamos pancartas en nuestros balcones no creyéramos en ella. ¿O es que acaso piensan que no creemos en la educación pública los que no salimos a la calle con eslóganes? Somos muchos los que trabajamos cada día por la escuela pública, por la sanidad pública y por todo lo público, sin necesidad de tantos colorines. Defender lo público no consiste en vestirse de un color, sino en hacer que funcione. Y en Madrid funciona: lo dice la OCDE, no una pancarta ni un megáfono.

Lo que tienen los profesores madrileños es una reivindicación, y es legítima. Quieren cobrar más en una región donde vivir es caro, y quieren menos alumnos por aula y menos horas lectivas. Es lo mismo que pediría cualquier colectivo profesional, y por eso se han llegado acuerdos en la mesa sectorial, que es donde se negocian estas cosas.

Esa negociación ya había dado frutos. En 2025, la Comunidad de Madrid y los cuatro principales sindicatos (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) firmaron un acuerdo que reduce a 19 las horas lectivas en ESO, FP y Bachillerato, y a 18 para todos en el curso 2028-2029. El acuerdo incluyó también una bajada progresiva de ratios por cursos y 850 nuevas plazas en Infantil y Primaria. Lo estamos cumpliendo: el curso 2026/27 arrancó con menos alumnos por aula, récord de incorporación de docentes, 19 horas lectivas y 300 nuevos maestros para alumnos con necesidades especiales.

Ese acuerdo lo firmaron CCOO y UGT. Hoy esos mismos sindicatos encabezan el comité de huelga. CSIF no ha querido entrar en ese comité y hace sus propios paros, que define como una movilización propia, independiente y centrada en el profesorado madrileño. Un sindicato docente ha tenido que aclarar que su protesta trata de los docentes. Y ANPE, el sindicato profesional mayoritario en el sector, ni tan siquiera ha secundado la huelga, prefiere seguir sentado en las mesas de negociación.

Los convocantes ni siquiera disimulan. Preguntada por si era una huelga política, la secretaria general de CCOO Educación de Madrid respondió: «Sí, es contra las políticas educativas de la Comunidad de Madrid».

Comparemos lo que pasa en otras comunidades autónomas donde curiosamente no hay huelga, por ejemplo en Asturias, gobernada por el PSOE, cuyos docentes se declaraban los peor pagados de España, la huelga indefinida de 2025 se desconvocó el 9 de junio a cambio de 140 euros repartidos hasta 2027. Con un Gobierno socialista, 140 euros a plazos bastaron.

En Madrid exigen 600 euros al mes para todo el profesorado, además de bajar la jornada lectiva de secundaria de 19 a 17 horas y la de primaria de 25 a 22. Y piden en Madrid una bajada de ratios mayor que la que pidieron al propio Gobierno de Sánchez. Cuando se exige en una comunidad cuatro veces más de lo que se aceptó en otra, la diferencia no está en los profesores, sino en el partido que gobierna.

Todo esto ocurre a la vez. El 5 de octubre, tras perder en el Congreso sus decretos de vivienda, Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 29 de noviembre. Hasta entonces, CCOO y UGT se habían mostrado cautelosos, a la espera de lo que decidiera Sánchez. Ese mismo día anunciaron una huelga general. Después, junto a CGT, CNT y Solidaridad Obrera, la fijaron para el 11 de noviembre, dos días antes del arranque de la campaña. Son las mismas siglas que dirigen la huelga educativa de Madrid, en las mismas semanas y con el mismo calendario. No son conflictos aislados, sino un otoño de no habrá paz en las calles organizado al ritmo de las urnas, contra Ayuso y contra el PP de Feijóo.

¿Y quién gana con esto? El profesor que para, pierde el sueldo de cada día de huelga, mientras las organizaciones que lo convocan viven del dinero público. El Gobierno de Sánchez ha destinado 32 millones a subvenciones sindicales en 2025, y repite la cifra en 2026. Hasta 2020 la partida era de menos de nueve millones. De esos 32 millones, CCOO recibió 12,2 y UGT 11,4. Comisiones, además, dejó de publicar los sueldos de su cúpula. Los dirigentes que llaman a vaciar las aulas cobran gracias a un Gobierno al que nunca le montan una huelga indefinida. El profesor que les hace caso, en cambio, paga de su bolsillo.

Ese profesor es quien más me preocupa. Muchos salieron convencidos de que defendían su sueldo y sus aulas, sin saber que su esfuerzo sostiene una campaña que no han elegido. Otros no querían sumarse y han sentido la presión en su propio centro, con piquetes desde las ocho de la mañana en colegios e institutos de toda la región. Para un interino, para un profesor recién llegado o para quien comparte sala con compañeros de camiseta verde, decir que no tiene un coste. Aun así, el primer día el 44,2 % secundó la huelga, y el miércoles 21 de octubre la cifra bajó al 10,2 %. La mayoría de los profesores madrileños está en su aula.

A todos ellos, a los que paran y a los que no, quiero decirles algo claro. Vuestra reivindicación es vuestra, no de quienes la utilizan. Seguir negociándola en la mesa, como se hizo en 2025, con más profesores y menos alumnos por aula. Lo que no se puede hacer es premiar a quien usa vuestro sueldo como munición electoral para beneficiar a un Sanchismo acabado.

Madrid tiene hoy a los mejores alumnos de España gracias a sus profesores, lleven la camiseta que lleven. Ese mérito es suyo, y no deben permitir que las siglas socialistas lo conviertan en un cartel de campaña de Sánchez.