Madrid alerta del impacto del decreto del Gobierno sobre centros de datos en la inversión y el empleo

La Comunidad de Madrid ha solicitado el trámite de audiencia con el Consejo de Estado ante las «graves consecuencias» que el Real Decreto del Gobierno sobre centros de datos «supondrá para la industria, la inversión y el empleo en la región, en donde podrían peligrar hasta 26.000 millones de euros en inversiones y más de 14.000 puestos de trabajo».

Así lo ha anunciado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que incide en que ha sido el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, quien ha denunciado que el nuevo borrador de Real Decreto del Gobierno sigue siendo «discriminatorio hacia la industria de los centros de datos y sigue sin solucionar los problemas de inseguridad jurídica que presentaba el texto original».

«Es una reglamentación muy restrictiva que ahuyentará las inversiones hacia otros países europeos donde el marco regulatorio sea menos exigente. Con estos cambios, el Gobierno ha querido hacer un guiño al sector renovable, pero ha dejado desprotegida a toda la industria, obviando que son la base real de la transformación digital. Los centros de datos son el pilar de la economía digital. No habrá economía digital sin centros de datos», ha señalado el consejero.

Por otro lado, desde la Comunidad de Madrid también se han pronunciado acerca de los requisitos energéticos que exige el Gobierno central, asegurando que estos «repercutirían en inversiones multimillonarias para las compañías, en un encarecimiento de los precios de la electricidad y en un aumento de los vertidos renovable».

«Los centros de datos operan 24 horas al día y las renovables solo tienen capacidad para cubrir 2.000 horas al año. Para cumplir con el nuevo decreto sería necesario sobredimensionar el parque renovable e instalar ingentes cantidades de almacenamiento», ha señalado el titular de la cartera de Digitalización.

Finalmente, el consejero ha asegurado no entender «por qué al sector de los centros de datos no se le exigen los mismos requisitos que a los proyectos europeos estratégicos», como es el caso de la Gigafactoría de IA que, en palabras de López-Valverde, «son mucho más favorables».