Tres familias denuncian a un colegio de Majadahonda por presuntos tratos degradantes a alumnos, uno de ellos fallecido

Tres familias han denunciado ante los juzgados al colegio San Jaime de Majadahonda, a su anterior director y a una profesora por presuntamente someter a varios alumnos a humillaciones, vejaciones y castigos «desproporcionados» de forma continuada. En representación de las familias, el abogado Ignacio Gordillo solicita que se inicien diligencias previas por un delito contra la integridad moral, tal y como detalla la denuncia a la que ha tenido acceso Ep.

El pasado mes de febrero, uno de los menores afectados, de 14 años, se precipitó el desde un puente de la M-50 y falleció el 29 de marzo tras estar hospitalizado durante 44 días. Los denunciantes solicitan que se investigue si existe alguna relación entre el supuesto trato vejatorio que, según sostienen, sufrió el menor en el colegio, y el episodio de suicidio.

Cabe destacar que la dirección del colegio San Jaime, que cuenta con un nuevo director, ha declinado realizar declaraciones a dicho medio sobre la denuncia presentada después de que la agencia se haya puesto en contacto con el centro para recabar su versión de los hechos.

Esta sostiene que los episodios respecto al citado menor «no fueron hechos aislados, sino que formarían parte de una dinámica prolongada de trato vejatorio hacia distintos estudiantes», ya que el menor fallecido sufrió durante el curso 2025/2026 «llamadas de atención, recriminaciones y humillaciones delante de sus compañeros», expulsiones reiteradas del aula, castigos que consideran «desproporcionados» e imputaciones de acoso escolar que, según los denunciantes, carecían de fundamento.

Por otro lado, también aseguran que el menor recibió acusaciones de practicar 'bullying' a alumnos más pequeños, aunque los progenitores aseguran que la propia tutora les trasladó posteriormente que no consideraba que el adolescente lo hubiese hecho.

El documento también hace hincapié en los hechos ocurridos el 12 de febrero, el día anterior a que el menor se precipitara desde el puente de la M-50, ya que, según cuentan sus padres, varios alumnos le lanzaron un balón y, tras el incidente, el adolescente fue reprendido y tuvo que redactar un escrito sobre lo sucedido.

Además, aportan un informe de su psicóloga, fechado el 10 de julio y elaborado a partir de las sesiones mantenidas con el menor antes de los hechos de febrero, en el que se describía un malestar relacionado con el entorno escolar y un «efecto muy limitante en su desarrollo psicoemocional».

«Desde el primer momento, los compañeros de clase del alumno manifestaron abiertamente su malestar con el colegio, al que consideraban responsable de lo sucedido. Los alumnos reprocharon a la profesora denunciada su responsabilidad y esta les contestó que escribieran todo lo que pensaban de ella para trasladarlo al director. Los alumnos redactaron cuatro folios de quejas, cuyo destino se desconoce», recoge el texto.

Otros dos casos

Además del fallecido, el escrito incorpora otros dos casos de antiguos alumnos del centro, cuyas familias sostienen que sufrieron un trato similar. Uno de ellos describe la imposición de numerosos partes disciplinarios y expulsiones, mientras que el otro denuncia comentarios despectivos y actuaciones disciplinarias que consideran injustificadas.

Este último también aporta un informe de atención psiquiátrica que, según el escrito, recoge un malestar continuado del menor relacionado con su permanencia en el colegio y una mejoría durante los fines de semana y las vacaciones. Las tres familias consideran que estos episodios reflejan una pauta de actuación hacia determinados estudiantes y sostienen que la dirección del centro conocía las quejas y no adoptó medidas suficientes para evitar que se repitieran.

En última instancia, reclaman que el centro aporte los expedientes académicos y disciplinarios de los alumnos, los partes de incidencias, las comunicaciones internas, las actas del Consejo Escolar y la documentación relativa a los episodios de enero y febrero de 2026, además de que se recaben las actuaciones judiciales abiertas tras el fallecimiento del adolescente, que se encuentran en situación de archivo provisional, para que puedan ser examinadas en relación con los hechos denunciados ahora.