Imagen de archivo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y Alberto Ruiz-Gallardón
De Gallardón a Almeida: la evolución de la tasa de basuras en Madrid
En 2009, el entonces alcalde de Madrid recuperó este impuesto, que no se cobraba desde 1990
'Sanchazo', 'basurazo', o 'tasazo'. La Tasa de Gestión de Residuos (TGR) ha despertado el mismo sentimiento entre vecinos y partidos políticos: rechazo, aunque manifestado de diferentes formas.
El Grupo Municipal Vox, quien ha acudido a la Justicia para acabar con este impuesto, ha propuesto a los vecinos tres modelos diferentes para reclamar el dinero al Ayuntamiento de la capital. Una acción similar hizo Más Madrid una semana antes, aunque tendían su mano al alcalde José Luis Martínez-Almeida para reformarla. También el PSOE, a quienes la reforma anunciada para 2026 no le parece suficiente. Por su parte, el primer edil ha invitado a todos a acudir al Ministerio de Hacienda a pedir la derogación, porque ellos, dicen, no la quieren cobrar y la han tenido que asumir por «imperativo legal».
Lo cierto es que esta figura impositiva ha estado presente en la ciudad de Madrid en varios momentos y de formas diferentes. Fue el por entonces alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón quien rescató la tasa de basuras en 2009.
Resucitada por Gallardón
Este impuesto no se cobraba desde 1990, cuando se suprimió para incluirlo dentro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La crisis económica fue una de las principales razones por las que el Consistorio decidió recuperar el impuesto, que suponía cerca de 60 euros de media al año por cada hogar. Asimismo, existían exenciones para quienes cobraban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI, de 600 euros), el subsidio de paro de larga duración sin contar con ninguna otra fuente, y para las rentas bajas.
El Ayuntamiento pretendía financiar el 95 % del coste del servicio de retirada domiciliaria y gestión de basura, que constaba unos 177 millones de euros. El 71 % de los recibos, correspondería a viviendas y se fundamentaba en el valor catastral, pagando 59 euros al año o menos por residir en viviendas con un valor catastral por debajo de 60.000 euros. Las cuotas eran progresivas para los domicilios cuyo valor se situara por encima, hasta llegar a los 190 euros de los que alcanzasen un millón en este baremo.
A pesar de los recursos interpuestos ante la Justicia —comenzando por el grupo municipal socialista, que no prosperaron—, la tasa se mantuvo vigente en la capital hasta que en abril de 2014, cuando la alcaldesa Ana Botella anunció su anulación para el siguiente ejercicio. Junto con una reducción del 12 % para el resto del año, el Consistorio dejó de ingresar más de 130 millones de euros, ya que, en palabras del entonces delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego San Juanbenito, las cuentas municipales volvían a estar «saneadas».
Los ex alcaldes de Madrid: Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, en una imagen de archivo
Carmena lo recuperó en forma de TRUA
Sin embargo, el impuesto de basuras no tardó en regresar. En 2016, de la mano de Manuela Carmena, se impuso la Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA). Este gravamen afectaba a quienes llevaran a cabo «ejerzan actividades comerciales, industriales, profesionales, artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias o cualesquiera otras, públicas o privadas, siempre que dichos inmuebles tengan un uso catastral distinto al residencial o al de almacén-estacionamiento».
Se calculaba con la suma de una cuota correspondiente al valor catastral del inmueble y una cuota de generación (dependiendo de su uso catastral), con exención del 100 % para quienes contribuyan con planes de gestión de residuos. La medida contó con los votos favorables de PSOE y Ahora Madrid, la abstención de Ciudadanos y la negativa del PP. Con la tasa, el Ayuntamiento de Madrid esperaba recaudar 38 millones de euros.
La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, durante una sesión del Pleno
La TRUA permaneció vigente hasta este mismo año. Con la aprobación la actual Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de gestión de residuos, el Consistorio acordó suprimir el anterior impuesto el 23 de diciembre de 2024 —entrando en vigor el 1 de enero de 2025—.
El Gobierno los ha «dejado tirados»
Es así como llegamos a la situación actual, con una tasa que no contenta a nadie y sin un marco definido por parte del Ejecutivo central.
«Tengo muchas ganas de saber cuáles son las sentencias de los tribunales porque cada Ayuntamiento hemos tenido que actuar según nuestros propios criterios, según nuestro mejor saber y entender por qué el Gobierno de España no decía absolutamente nada de la configuración de la tasa, del hecho imponible, de las posibles exenciones, de las reducciones, de la forma de cálculo de la tasa, nada», comentaba el regidor.
Recordando que el Ejecutivo les ha «dejado tirados» aludía a que «desde el primer momento» dijo que «iba a haber reclamaciones y demandas», a la vez que cargaba contra la «falta de vergüenza, su falta de credibilidad, su falta de coherencia y su falta de valentía» de la izquierda para decirle a los vecinos que la tasa «existe porque ellos lo han puesto y obligan a los Ayuntamientos».
