Fachada del Teatro Barceló
El Teatro Barceló seguirá abierto tras presentar alegaciones ante la Justicia
Los promotores han acudido a los tribunales para solicitar medidas cautelares, una petición que ha sido estimada
El delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha confirmado este miércoles que el precinto decretado por el Ayuntamiento de Madrid sobre el Teatro Barceló ha quedado suspendido temporalmente al haber aceptado la Justicia las medidas cautelares solicitadas por los promotores del local.
En declaraciones a los medios, Carabante ha explicado que el local tenía una orden de cese y precinto para el día 20 de noviembre «como consecuencia de dos infracciones graves que comprometieron la seguridad de los usuarios al superar el aforo permitido».
En concreto, el Consistorio, a través de la Agencia de Actividades (ADA), comunicó el cese de la actividad durante todo un año después de que la Policía Municipal detectase en dos ocasiones que la sala excedía el límite de la capacidad fijada por la licencia: 990 personas.
Sin embargo, tal y como ha apuntado Carabante, los promotores han acudido a los tribunales para solicitar medidas cautelares, una petición que ha sido estimada. «Por lo tanto, de momento ha quedado suspendido ese precinto como consecuencia de que, insisto, han sido estimadas las medidas cautelarísimas que ha presentado el promotor», ha concluido el delegado.
Discoteca Teatro Barceló
Por su parte, la Plataforma por el Ocio ha celebrado las cautelares que permiten a Teatro Barceló continuar con su actividad y ha cargado contra el «desgobierno» y la «actuación errática» de la Agencia de Actividades (ADA).
En un comunicado, la entidad –integrada por Hostelería Madrid, Noche Madrid, Madrid en Vivo y las asociaciones de hostelería de Malasaña de la Latina y del Barrio de las Letras– ha reiterado que ADA mantiene una «campaña de acoso contra los establecimientos de hostelería y los locales de la ciudad de Madrid».
Por último, ha instado a Borja Carabante a mantener una reunión para abordar «el vacío legal» en materia de aforos y de definición de los criterios de seguridad de los establecimientos públicos.
