Un cordón policial formado por agentes de la Ertzaintza en una imagen de archivo
La Ertzaintza gana peso en las expulsiones de extranjeros: así será su nuevo papel junto a la Policía Nacional
El objetivo del acuerdo es que la Policía Nacional pueda disponer también de información generada por la Ertzaintza en su actividad cotidiana en el País Vasco
La Ertzaintza tendrá por primera vez un papel directo en los procedimientos de expulsión de determinados extranjeros condenados o vinculados a actividades delictivas en el País Vasco. El acuerdo alcanzado el pasado mes de julio entre el Ministerio del Interior y el Gobierno vasco permitirá que la información policial que genere el cuerpo autonómico se incorpore a los informes que la Policía Nacional utiliza en estos procedimientos, aunque la competencia en materia de extranjería y la ejecución de las expulsiones continuarán correspondiendo al Estado.
El cambio fue acordado el pasado 8 de julio durante la Junta de Seguridad del País Vasco, presidida por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y el ministro Fernando Grande-Marlaska, y establece que la información «operativa y de contexto» obtenida por la Ertzaintza pase a formar parte de los informes que emite la Policía Nacional en los procedimientos de expulsión previstos en la Ley de Extranjería.
La medida afecta especialmente a aquellos casos en los que el comportamiento del extranjero puede justificar una expulsión por su relación con la delincuencia, y el acuerdo contempla supuestos como la comisión reiterada de delitos, los hechos cometidos con violencia, la pertenencia a organizaciones criminales o terroristas y otras alteraciones relevantes de la seguridad ciudadana o del orden público.
La novedad, por tanto, no consiste en que la Ertzaintza vaya a empezar a ejecutar expulsiones ni en que el Gobierno vasco vaya a asumir la competencia sobre extranjería. De hecho, la Policía Nacional mantiene esa competencia y continúa siendo la encargada de elaborar los informes correspondientes y de tramitar las expulsiones, mientras que la información obtenida por los agentes autonómicos podrá incorporarse a esos procedimientos. La propia Policía Nacional mantiene actualmente la gestión de las expulsiones administrativas y judiciales de extranjeros.
El objetivo del acuerdo es que la Policía Nacional pueda disponer también de información generada por la Ertzaintza en su actividad cotidiana en el País Vasco. El cuerpo autonómico es quien interviene en buena parte de las actuaciones relacionadas con la delincuencia que se producen en la comunidad y, por tanto, puede disponer de antecedentes operativos, investigaciones o información sobre reiteración delictiva que hasta ahora no formaba parte directamente de los informes policiales utilizados en estos expedientes.
Casi tres meses después de su aprobación, Zupiria confirmó este jueves que la participación de la Ertzaintza en los informes para posibles expulsiones continúa en fase de trabajo técnico con el Ministerio del Interior. El consejero explicó que ambas administraciones siguen trabajando en la forma concreta en la que se incorporará esa información.
El acuerdo ya provocó en julio el rechazo de los principales sindicatos de la Policía Nacional. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Jupol cuestionaron que se introdujera a la Ertzaintza en un ámbito que consideran competencia exclusiva del cuerpo estatal y advirtieron de que la medida podía provocar una fragmentación de la gestión de extranjería. El SUP sostuvo que el intercambio de información podía hacerse mediante una mejor coordinación entre cuerpos sin modificar el modelo existente.
El cambio se produce además en un momento en el que el Gobierno vasco está reclamando un mayor protagonismo de la Ertzaintza en la seguridad de la comunidad. El propio Zupiria ha defendido en las últimas semanas un refuerzo de la plantilla del cuerpo hasta alcanzar los 8.000 agentes en 2030. La próxima oferta pública de empleo contempla 402 plazas para la Ertzaintza, además de más de un centenar para policías locales.
