Un sindicato de la Ertzaintza carga contra el Gobierno vasco por el caso de los proetarras que huyeron a Francia

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha exigido explicaciones al consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, por la gestión de la investigación que terminó con el ingreso en prisión provisional de dos miembros de la coordinadora abertzale Jardun, detenidos por presuntos delitos de terrorismo después de que la Policía vasca los identificara semanas antes en un control en Guipúzcoa. La organización sindical reclama que se aclaren las decisiones adoptadas desde aquella primera intervención y las medidas que se tomaron para proteger a los agentes, mientras que informaciones publicadas por El Mundo apuntan a que los investigados viajaron al sur de Francia al día siguiente de ser identificados.

«Los derechos de los investigados se respetan, pero la seguridad de los policías también debe garantizarse», sostiene Si.P.E. en un comunicado en el que considera insuficientes las explicaciones ofrecidas por Zupiria sobre la actuación policial. El sindicato pide respuestas documentadas sobre la valoración de los indicios encontrados, las alternativas que se contemplaron, quién asumió la responsabilidad de las decisiones operativas y cuándo se informó a los cuerpos policiales que pudieran verse afectados por el material intervenido.

La polémica se remonta a la madrugada del 26 de septiembre, cuando agentes de la Ertzaintza identificaron a tres personas que viajaban en un Toyota durante un control de tráfico en Escoriaza. Entre ellas estaban Aratz Bilbao Gómez, de 34 años, y Malen Grünig Ibáñez, de 22, a quienes la investigación vincula con Jardun, una coordinadora integrada por los grupos Jarki y Aske. El tercer ocupante era un ciudadano irlandés al que distintas informaciones relacionan con la disidencia del IRA.

Según informó la propia Ertzaintza tras las detenciones, los agentes encontraron material sensible relacionado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como indicios sobre la posible localización de un lugar en el que podría haber armas y explosivos. Los autos judiciales que acordaron el ingreso en prisión provisional detallan la existencia de planos de antiguos zulos de ETA, listados de guardias civiles, anotaciones manuscritas de matrículas y dispositivos encriptados. En algunos archivos también se encontraron fotografías de entrenamientos para la perpetración de actos violentos, imágenes con banderas de ETA y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña considera que Bilbao desempeñaba un papel de responsabilidad dentro de Jardun y lo identifica como uno de los principales impulsores de la organización. Ambos investigados ingresaron en prisión provisional después de presentarse el 17 de octubre en la comisaría de Irún acompañados por su abogado.

El viaje a Francia y las decisiones de la Ertzaintza

Según publicó El Mundo, los tres ocupantes del vehículo viajaron al sur de Francia el 27 de septiembre, horas después del control policial, y posteriormente fueron detectados por la Policía francesa. El diario también informó de que entre el material había información detallada sobre un guardia civil destinado en Eibar. Por su parte, ABC publicó que Bilbao, al que fuentes policiales consultadas por el periódico identifican como una figura destacada de Jardun, fue dejado en libertad tras el control pese al material que llevaba consigo.

El consejero de Seguridad defendió el 21 de octubre la actuación de la Ertzaintza al argumentar que, durante la identificación inicial, los sospechosos no estaban cometiendo un delito «in fraganti» que justificara su detención. Zupiria sostuvo que la policía vasca abrió una investigación, puso los indicios en conocimiento de la Audiencia Nacional y solicitó las autorizaciones necesarias para analizar los materiales. También afirmó que la Ertzaintza comunicó esa misma noche la información disponible a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Ertzaintza niega que hubiera datos personales de sus agentes

En paralelo, un comunicado interno remitido al personal policial introduce un matiz sobre la información que ha circulado acerca del contenido del material incautado. El texto señala que, según las comprobaciones realizadas hasta la fecha, no consta que entre los efectos ocupados en Escoriaza hubiera datos personales o información sensible relativa a agentes de la propia Ertzaintza. La comunicación califica las afirmaciones sobre ese extremo de «estrategia de desinformación» e insta a los destinatarios a no difundir rumores ni informaciones sin confirmar.

El sindicato insiste en que sus reclamaciones no cuestionan los derechos de los investigados ni pretenden dar por acreditadas actuaciones irregulares sin pruebas, sino obtener explicaciones sobre la gestión policial y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los agentes. «Los ertzainas cumplen con su trabajo. Sus responsables deben responder por el suyo», concluye el comunicado.