La Ley de Familias que nunca verá la luz: el símbolo del desprecio de Sánchez por la natalidad y la familia

La norma que estaba llamada a convertirse en uno de los grandes ejes de la política familiar del Ejecutivo de Pedro Sánchez termina su recorrido parlamentario sin haber superado siquiera la fase de enmiendas, y con más de 60 prórrogas en su tramitación.

Todo un símbolo del desprecio del Gobierno sanchista a la promoción de la natalidad y la familia en pleno invierno demográfico. Y también de la incapacidad legislativa del primer Ejecutivo de la democracia que se ha atrincherado en el poder sin presentar una ley de Presupuestos Generales, y sin contar siquiera con una mayoría parlamentaria que le permitiese gobernar.

Más de dos años y medio después de su presentación en 2024, y más de cuatro años después de su primera redacción por la entonces ministra Ione Belarra, la Ley de Familias seguía durmiendo en un cajón de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo cuando el presidente anunció la disolución de las Cortes y convocó las elecciones del 29N.

Hay que tener en cuenta que el Reglamento del Congreso establece que, una vez disuelta la Cámara, caducan todos los asuntos pendientes de examen y resolución, salvo aquellos que correspondan constitucionalmente a la Diputación Permanente.

Y eso significa que el Proyecto de Ley de Familias, identificado como 121/000011, queda definitivamente «decaído» con la disolución del parlamento. O sea, que se ha convertido en papel mojado.

Habrá que empezar de cero

Si el próximo Gobierno (sea del signo que sea) quiere sacar adelante una nueva Ley de Familias, tendrá que volver a presentar un proyecto legislativo y comenzar toda la tramitación parlamentaria desde el principio.

Y no será la primera vez que ocurra con este texto. Porque, en realidad, el proyecto de Ley de Familias data de la anterior legislatura, cuando fue redactado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 regido por Ione Belarra.

Cuando el PSOE y Podemos formaban un matrimonio legislativo bien avenido, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la ley el 13 de diciembre de 2022: hace cerca de cuatro años. Finalmente, fue presentado el 28 de marzo de 2023.

En ese momento, la ley tuvo una fuerte contestación dentro del espacio asociativo familiar, no sólo porque no se mantuvo contacto ni negociación alguno con las entidades familiares. También, y sobre todo, porque se trataba de una ley de marcado sesgo ideológico y sin a penas incidencia en el apoyo práctico a los hogares, aunque, «para compensarlo», la ministra Belarra pergeñó hasta 16 «tipos de familia» diferentes.

Un catálogo en el que se incluían las familias reconstruidas, las LGTBI homomarental y homoparental, y hasta la «familia individual» para personas que viviesen solas, pero que eliminaba el término de «familias numerosas» y lo diluía en un indeterminado «familias con necesidades especiales de crianza».

Pero el texto a penas tuvo recorrido parlamentario.

Texto ideológico sin memoria económica

El batacazo del PSOE en las municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 llevó a Pedro Sánchez a convocar, al día siguiente y para el mes de julio, unos nuevos comicios. La Ley de Familias «decaía» así por primera vez.

El nuevo ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar supuso la salida de Belarra del Ministerio, sustituida por el hasta hace pocos días ministro Pablo Bustinduy. A diferencia de su predecesora, el nuevo responsable sí que mantuvo varias reuniones con diversas asociaciones familiares, como la Federación Española de Familias Numerosas, antes de presentar al Consejo de Ministros, el 28 de febrero de 2024, un nuevo texto de la Ley de Familias.

Finalmente, el texto llegó al Congreso... y ahí se quedó, después de más de dos años de acumular más de sesenta prórrogas en el plazo de enmiendas.

Uno de los principales escollos es que la falta de presupuestos hacía inviable la aplicación de la ley, por falta de dotación para su memoria económica.

Ahora, el hecho de que la Ley de Familias haya vuelto a decaer «vuelve a poner de manifiesto una realidad que muchas familias llevan años denunciando: los anuncios sobre política familiar no siempre se traducen después en medidas concretas», como ha denunciado la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.

Y el problema no es menor, porque las familias necesitan viviendas más grandes, a mayor número de hijos soportan mayores gastos en alimentación, educación, transporte y suministros, y afrontan dificultades específicas a la hora de conciliar la vida laboral y familiar.

Por eso, desde la asociación reclaman que la próxima legislatura no vuelva a arrancar «con grandes compromisos que acaben atascados durante años en el trámite parlamentario».

Medidas concretas y con presupuesto

Las principales reivindicaciones que las entidades familiares han tratado de reclamar en las enmiendas a la Ley ponen de manifiesto sus carencias.

Así, según la Asociación, ahora la nueva Ley debe contemplar medidas que sí incidan directamente en el bienestar de los hogares, y no sólo en el relato ideológico que se proyecto sobre ellos: una fiscalidad que tenga realmente en cuenta el número de hijos y las cargas familiares, un mayor acceso a vivienda protegida y a viviendas de tamaño adecuado para familias numerosas, y medidas eficaces de conciliación y corresponsabilidad.

También reclaman poner en marcha el cheque-bebé por nacimiento; una Prestación Universal por Crianza, por cada hijo menor de edad hasta los 18 años; actualizar las bonificaciones vinculadas al título de familia numerosa; reforzar las ayudas en educación, transporte y suministros básicos y desarrollar políticas estables de apoyo a la natalidad, la crianza, la maternidad y la paternidad.

Aunque la demanda de fondo es que la política familiar deje de ser un mero eslogan que depende de los vaivenes de cada legislatura, y tenga una continuidad en el tiempo.

Otra legislatura no puede pasar en blanco.