La Reforma Política se enfrenta con el búnker

El 11 de septiembre, tras recibir el presidente Suárez el espaldarazo de los militares a sus planes, el proyecto de Ley para la Reforma Política entró oficialmente, para su evaluación, en el citado Consejo Nacional del Movimiento, el retardatario «Senado» del franquismo. Los consejeros nacionales conocieron a puerta cerrada su contenido íntegro apenas una hora antes de que el ministro de Información, Reguera Guajardo, lo anunciara ante las cámaras de televisión.

De ese modo, si pretendían descafeinar el texto o sembrarlo de minas que desnaturalizaran su esencia democrática, los españoles acabarían sabiéndolo.

El Consejo, sin duda, constituía un escollo importante. Durante muchos años, en especial entre 1945 y 1956, apenas se había reunido una vez al año y para aprobar sus presupuestos. Alguien dijo una vez que este órgano presuntamente consultivo recibía a Franco para recibir consejos.

Durante la tramitación de las leyes de la Reforma Fraga, una ponencia del organismo había dictaminado que la vida política requería «una concepción dinámica de los Principios Fundamentales del Movimiento» para que estos no quedaran superados «por la realidad de los hechos».

Aun esta interpretación restrictiva –la de abrir el Régimen a través de la interpretación flexible de los citados Principios, pero no recurriendo a su escueta superación– había deparado un significativo rechazo en la cámara alta del franquismo.

Es bien cierto que el Principio VIII, que postulaba la participación política a través de la Familia, el Municipio, el Sindicato y demás entidades con representación orgánica, parecía poco propicio para llegar a la democracia liberal de partidos.

Si bien había cambiado el Gobierno y Suárez aplicaba ahora fielmente los deseos del Rey al dictado de Fernández-Miranda, el Consejo Nacional seguía siendo más o menos el mismo, «una cosa pétrea y venerable como los toros de Guisando», en palabras de Umbral, para quien figuras veteranas como las de Girón de Velasco o Cantero Cuadrado asemejaban ser «los reyes de piedra de la Plaza de Oriente».

La principal amenaza derivaba de que, despreocupados por este mero trámite procesal, los consejeros más reaccionarios pospusiesen su posición refractaria y aunaran fuerzas para cuando la Reforma Política alcanzara el debate en el Pleno de las Cortes Generales.

El día 2 de octubre, la sección primera del Consejo Nacional, que había rebajado el alcance de lo contenido en el proyecto de Ley para la Reforma Política, elevó su dictamen sobre el texto al Pleno de la institución, convocado con carácter de urgencia para el día 8.

Ese día estaban anunciadas las intervenciones contrarias al proyecto de Fernández de la Mora, Zamanillo y Martínez Emperador, y se barajaba la réplica, en nombre de la ponencia defensora del proyecto, del joven aperturista Ortí Bordás.

Ese pleno lo abrió el presidente Suárez, ahora en el territorio manifiestamente hostil que antes le había sido satisfactorio. El anterior ministro secretario general del Movimiento manifestó a los consejeros la férrea determinación gubernamental de proseguir con la Reforma Política, que respaldaba una «inmensa mayoría de los españoles que piden moderación y no extremismo, orden y no anarquía, libertad y justicia y no violencia».

Al término de su intervención, el presidente abandonó el Palacio del Senado y le secundó casi todo el Gobierno (solo permanecieron hasta el final de la sesión los ministros Oreja, Martín Villa y Pita da Veiga, aparte del secretario general del Movimiento, a quien correspondía presidir el Pleno).

El restrictivo informe, que abogaba, entre otras cosas, por la abrogación del preámbulo del proyecto o la pervivencia de la representación orgánica en el futuro Senado, resultó aprobado por 80 votos a favor, 13 votos en contra y 6 abstenciones. Fiel a su apuesta rupturista, el diario que había saludado al nuevo presidente ofreciéndole su colaboración, pero dudando del «camino emprendido», salió en defensa del líder del Ejecutivo. El País elogió el coraje demostrado por Suárez ante «el Consejo de las sombras».

Con visión retrospectiva, debe admitirse que en algo no se equivocaron del todo los consejeros nacionales, quienes denunciaron la «imprecisión» con que la Ley para la Reforma Política aludía a los futuros senadores como representantes de las «entidades territoriales». Según su dictamen, ello podría «comportar en su día un serio peligro de desequilibrio representativo».

Una semana después, el Gobierno solicitaba la tramitación por el Procedimiento de Urgencia en las Cortes del proyecto de Ley para la Reforma Política. Desestimaba, además, todas las sugerencias procedentes del Consejo, por entender que desvirtuaban el objetivo democrático perseguido. Estas decisiones incrementaron la credibilidad democrática del Ejecutivo a los ojos de los sectores moderados del régimen y los grupos de oposición tolerada.

El día 21 de octubre, el Boletín Oficial de las Cortes Españolas publicaba el texto íntegro del proyecto de Ley, acompañado del informe del Consejo Nacional. La víspera, el presidente de las Cortes había convocado a la prensa para explicar técnicamente todas las particularidades del proceso.

Como se trataba de modificar el articulado de leyes fundamentales, se requería legalmente la mayoría de dos tercios de la Cámara, lo que representaba unos 380 votos favorables y menos de 190 en contra. Según La Vanguardia Española, el Gobierno partía inicialmente de cierta atmósfera favorable a su reforma. Lo que no se podía calibrar era hasta dónde llegaba ese apoyo.

El Procedimiento de Urgencia, aparte de delimitar quién podría intervenir en el Pleno de las Cortes en relación con la discusión del proyecto de ley fundamental, acortaba significativamente los plazos de presentación de enmiendas, de informe de la ponencia dictaminadora y de discusión en el Pleno.

También entonces se anunciaba el nombre de los integrantes de la ponencia que informaría el proyecto de Ley ante las Cortes: Belén Landáburu, Lorenzo Olarte, Miguel Primo de Rivera, Fernando Suárez y Noel Zapico. Era la lista confeccionada por Fernández-Miranda, quien había seleccionado cuidadosamente esos nombres teniendo en cuenta la «capacidad y prestigio personales», así como «una cierta representatividad entre los diversos sectores de la Cámara, de suerte que pudieran hacer valer su influencia sobre ellos y contribuir a la tarea de persuasión y captación de voluntades», según escribieron sus biógrafos. Con semejantes «convicciones reformistas», se integraban en aquella generación ajena a la Guerra que había sido la del otrora Príncipe.

El proyecto de Ley afrontaba así su trámite decisivo.