Las elecciones de febrero de 1936, un peligroso precedente
Las elecciones del Frente Popular, como a menudo se las conoce, ni fueron del todo limpias ni auparon al poder una coalición de partidos dispuestos a poner en práctica un mero programa reformista
Como hemos escrito en alguna otra ocasión, la Segunda República sigue siendo el mito por excelencia de la izquierda española. Para sus intelectuales de cabecera, sus dóciles periodistas y sus crédulos simpatizantes, no se trató del primer intento de nuestra historia, defectuoso y en exceso mediatizado por la palmaria intención de la izquierda de excluir a la derecha, de dar forma a una verdadera democracia, sino de un proyecto reformista moderado derribado con saña por la reacción violenta de los grupos sociales dominantes, la Iglesia, el Ejército y los terratenientes, opuestos por principio a cualquier cambio que amenazara sus privilegios seculares.
La terrible primavera del 36, en este contexto interpretativo, tampoco fue uno de los ejemplos más palmarios de, en expresión de George Mosse, la «brutalización de la política», impulsada en España por los partidos obreros radicalizados y respondida, más tarde, por la Primera Línea falangista, sino el fruto de la legítima reacción de las masas populares víctimas de los gobiernos del Bienio Negro, magnificado por los diputados de la derecha reaccionaria en los debates parlamentarios para extender el miedo entre los católicos y las clases medias y favorecer así el éxito del golpe de Estado que se preparaba.
Jornada electoral de 1936
Las elecciones de febrero de 1936, que dieron paso al gobierno del Frente Popular, en fin, tampoco fueron, en la visión oficial de nuestra peculiar izquierda actual, un ejemplo de lo que esa brutalización podía hacerle a la democracia, sino unos comicios limpios que auparon al poder a una alianza de republicanos de izquierda y obreros deseosos de recuperar las frustradas políticas reformistas del primer bienio.
No es cierto. Las elecciones del Frente Popular, como a menudo se las conoce, ni fueron del todo limpias –desde luego mucho menos que las de noviembre de 1933, ganadas por el centro republicano y la derecha católica– ni auparon al poder una coalición de partidos dispuestos a poner en práctica un mero programa reformista.
Respecto a la limpieza, como ha demostrado, más allá de toda duda, el estudio casi definitivo publicado por Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en 2017, es bien cierto que las elecciones fueron todo lo limpias que podían ser en el contexto de la España de 1936. Hubo, claro está, ocasionales episodios de rotura de urnas y choques entre agentes electorales de las candidaturas enfrentadas. Pero ello no afectó de modo apreciable a los resultados iniciales, que se vieron mucho más afectados por la mayor concentración de candidaturas lograda por la izquierda en el marco de una ley electoral que sobreponderaba mucho en escaños el voto de la minoría mayoritaria en cada distrito.
También resultó determinante lo sucedido después de las elecciones, muy condicionado por la dimisión del presidente del Gobierno, el centrista Manuel Portela, y de muchos de los gobernadores civiles, que privó de garantías al recuento electoral. Las manifestaciones, las coacciones, la salida de presos de las cárceles, la cesión de muchos ayuntamientos a las izquierdas y, en fin, la entrega del gobierno al Frente Popular sin haberse completado el recuento ni celebrado la segunda vuelta donde fuera necesario, empañaron en mucho la limpieza del proceso electoral.
Sin nadie que impusiera la ley y el orden, el Estado de derecho quedó inerme y simplemente se diluyó frente a quienes, en las calles, querían imponer por la fuerza una victoria que aún no se había producido y nadie podía dar aún por cierta. Si las elecciones fueron limpias, el recuento no lo fue y sin duda entregó a las izquierdas resultados mucho mejores de los que habían obtenido en realidad. Hay que decirlo bien claro: la mayoría de los votos había sido para el centro y la derecha; la izquierda obtuvo la mayoría en escaños gracias a la ley electoral y lo deficiente del recuento.
Y la cosa no quedó ahí. Constituida la Cámara con mayoría de las izquierdas, estas, en especial socialistas y comunistas, se ocuparon de hacerla aplastante mediante el inicuo expediente de anular actas de sus adversarios e incluso de ordenar la repetición completa de los comicios en provincias tradicionalmente conservadoras como Cuenca y Granada. Al menos cincuenta de los 473 escaños de las Cortes fueron asignados de forma cuando menos discutible.
Azaña y Prieto, que lo sabían perfectamente, no hicieron nada por impedirlo. Daba así comienzo lo que sería característica permanente y definitoria de aquella primavera trágica que concluyó en una guerra civil: un gobierno republicano víctima del chantaje continuo de unos partidos obreros que, lejos de apoyar su política de reformas, lo presionaban de forma continua en las Cortes, forzándolo a ir cada vez más allá con el objetivo último, una y otra vez proclamado en las prensa y los mítines, de desgastar la República burguesa para abrir paso a la dictadura del proletariado.
Largo Caballero, el más locuaz y carismático de los dirigentes de la izquierda obrera, fue el que reconoció con mayor frecuencia y claridad tales intenciones. Lo hizo muchas veces, pero quizá ninguna con tanta rotundidad como el 21 de febrero de 1936, cuando, en unas declaraciones concedidas al periodista norteamericano Edward Knoblaugh, corresponsal de la agencia de noticias Associated Press (AP) en España, publicadas por el diario neoyorquino La Prensa, aseguró: «Habrá soviet en España cuando caiga Azaña». Más adelante, el periodista añadía, glosando las palabras del dirigente del PSOE: «Un elevado personaje del partido socialista informó privadamente a AP de que en ese plazo 'sería derribada la presente democracia y quedaría ya perfectamente establecida la Unión de Repúblicas Soviéticas de la Península Ibérica, abarcando toda España y posiblemente Portugal también». En sus memorias, publicadas en bajo el título Correspondent in Spain, Knoblaugh profundizaba en aquellas declaraciones, asegurando que Largo le había dicho también: «Yo seré el segundo Lenin que lo hará realidad». Cinco meses después estallaba la Guerra Civil. No deberíamos jugar con fuego. La historia está ahí para recordárnoslo.
- Luis E. Íñigo es historiador e inspector de educación.