Protestas contra la presidenta Boluarte en Lima
Piden investigar por genocidio a la presidenta de Perú por los 48 muertos en las manifestaciones
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, podría enfrentarse a cargos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por los 48 muertos y decenas de heridos registrados en las manifestaciones antigubernamentales desatadas tras la destitución de Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado.
La Fiscalía de la Nación de Perú abrió una investigación preliminar a la presidenta, a tres ministros y dos exministros, según señaló el Ministerio Público en un mensaje en Twitter.
En concreto, la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, inició la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
También contra «Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior», señaló Efe.
La investigación preliminar es por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho», precisó el Ministerio Público.
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre último, escasos días después de jurar el cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por haber dado un fallido golpe de Estado.
El delito de genocidio se castiga con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
Otárola acudió este martes al Congreso para el trámite de confirmación parlamentaria de su investidura, y anunció que el Gobierno acordó declarar «duelo nacional laborable» para este miércoles «en respeto a los caídos» en las protestas, que en menos de un mes suman 48 personas fallecidas, el último de ellos, un policía de Puno que todavía no ha sido identificado.
Además, informó de que «hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 4:00 de la mañana».
«Esto en salvaguardia de la vida, la integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno», declaró Otárola ante el pleno del Congreso en referencia a la región que fue foco de violentas manifestaciones y enfrentamientos con la Policía este lunes, cuando murieron 17 manifestantes.
«El fantasma de la violencia irracional volvió a servirse en el Perú», declaró tras insistir en su respaldo a las fuerzas policiales.
Otárola acudió este martes al pleno del Congreso para pedir el voto de confianza de su gabinete, un día después de la trágica jornada de violencia en Puno, epicentro de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento, elecciones para 2023 y una nueva constitución, entre otros reclamos.