Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento boliviano de Santa Cruzy actual preso político
Bruselas
25 eurodiputados piden a Borrell interceder ante el Gobierno de Bolivia por la salud de opositor detenido
El estado de salud del líder opositor boliviano Luis Fernando Camacho está «empeorando estrepitosamente» desde que el pasado 30 de diciembre fue detenido tras ser acusado de «terrorismo» por promover protestas contra el ex presidente Evo Morales.
25 eurodiputados de los grupos Partido Popular Europeo (PPE) Renew y no inscritos dirigieron una carta al Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell para que interceda ante el Gobierno del izquierdista Luis Arce por los derechos de asistencia sanitaria del opositor detenido desde hace cinco meses.
La carta a favor de Camacho fue una iniciativa promovida por el eurodiputado del PP Leopoldo López Gil quien está preocupado por el empeoramiento de la salud del también gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz.
En la carta, se detallan los problemas de salud que sufre Camacho, entre los que destacan una deficiencia selectiva de inmunoglobulina G y el síndrome de Churg Strauss. «Según sus abogados, en el lugar donde se encuentra detenido 'no existen las condiciones mínimas para aplicar la medicación' que Camacho necesita» cita la carta.
Según refieren los europarlamentarios, los familiares del político opositor han informado que «su estado de salud ha empeorado estrepitosamente» dado que "el síndrome de Churg Strauss que padece le ha causado complicaciones en diferentes órganos y hasta ahora la atención que ha recibido no se adecua a los niveles que necesita para tratar su enfermedad”.
Los eurodiputados pidieron a Borrell que «solicite con urgencia a las autoridades de Bolivia una mejora de las condiciones de Camacho en la confianza de que su intermediación será bien percibida por las autoridades de ese país».
Los eurodiputados también aprovecharon para denunciar los «delitos inventados» que se le imputan a Camacho entre los que se encuentran el presunto delito de «terrorismo» por liderar las masivas protestas que duraron 21 días y que obligaron a Evo Morales a dimitir en 2019.
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