Nueva oleada de inmigrantes en Canarias
Acoger o pagar: los países podrán rechazar a los solicitantes de asilo por 20.000 euros por inmigrante
Además de este sistema de solidaridad 'a la carta', los países pueden optar por un mecanismo que permite patrocinar los retornos de los inmigrantes
Tras años de intensas deliberaciones y desafíos, la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo histórico sobre la gestión de la inmigración, marcando un punto de inflexión en su política migratoria.
Este acuerdo, anunciado por la presidencia española del Consejo de la UE, representa una síntesis de negociaciones prolongadas y la búsqueda de un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad entre los estados miembros.
El pacto sobre migración y asilo establece un mecanismo de «solidaridad a la carta», permitiendo a los países miembros más reacios a acoger migrantes optar por una alternativa: pagar una compensación de 20.000 euros por cada solicitante de asilo que rechacen.
Esta suma se destinará a un fondo de solidaridad, con el objetivo de reunir 600 millones de euros. El mecanismo surge como una solución al sistema de cuotas obligatorias establecido anteriorment por Jean-Claude Juncker, predecesor de Ursula Von der Leyen, que ha sido objeto de controversia y que países como España e Italia habían denunciado hasta el final.
El acuerdo también contempla la acogida de 30.000 solicitantes de asilo cada año por parte de la Unión Europea. Los países serán responsables de un número determinado de personas, basado en su población y producto interior bruto.
Sin embargo, no están obligados a acogerlos físicamente. En lugar de ello, pueden optar por contribuir con dinero en efectivo, equipos o personal, pagando los mencionados 20.000 euros por persona rechazada.
Demás claves del pacto
El pacto introduce cambios fundamentales en la gestión de la migración.
Por ejemplo, se reduce la responsabilidad de los países sobre las solicitudes de protección de dos años y medio a dos años. Además, se mejorarán los procedimientos de asilo y se establecerá un nuevo procedimiento de frontera acelerado para aquellos solicitantes con pocas probabilidades de obtener asilo. Esta medida busca evitar que permanezcan dentro del bloque europeo durante años.
Este mecanismo de patrocinio de retornos es un componente clave del pacto. Los países que elijan esta opción serán responsables del proceso completo, desde la identificación de individuos hasta la coordinación con sus países de origen y la organización de la logística de viaje.
El periodo establecido para completar el proceso de retorno es de seis meses, con posibles extensiones en casos específicos. Si el retorno no se completa exitosamente dentro de este plazo, el país patrocinador podría verse obligado a aceptar a los migrantes en su territorio.
El acuerdo ha generado, lógicamente, controversia y críticas. Algunos argumentan que permite a los países «comprar su salida» de la responsabilidad de acoger refugiados, lo que plantea preocupaciones éticas sobre el compromiso de la UE con los derechos de los refugiados. También hay dudas sobre la eficacia y eficiencia del proceso de retorno, incluyendo preocupaciones sobre los derechos y el trato de los retornados.
A pesar de estas preocupaciones, el objetivo del acuerdo es garantizar una distribución equitativa de la responsabilidad migratoria en toda la Unión Europea.
Los países del sur de Europa, como España, Italia, Malta y Grecia, que son los más expuestos a los flujos migratorios a través del Mediterráneo, están sobrepasados con la regulación actual y buscan un cambio. Con este acuerdo, la UE también espera poner fin a años de división que se remontan a 2015, cuando la propuesta de «reubicación obligatoria» fracasó.
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